Poderopedia

Maikel Moreno

12-12-1965

Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en sustitución de Gladys Gutiérrez, designado el 24 de febrero de 2017. Ejerció la vicepresidencia del Tribunal Supremo de Justicia durante el periodo 2015-2017. Magistrado de la Sala de Casación Penal del TSJ electo en diciembre de 2014. Fue juez 34 de Control y el excomisario Iván Simonivis, en su columna de opinión publicada en el diario El Nacional, lo denunció de ser el defensor de Richard Peñalver, uno de los llamados “pistoleros de puente Llaguno”. En 2007, Maikel Moreno fue destituido de su cargo después que se demostrara que desacató una decisión tomada desde la Sala Constitucional y, a la vez, dejó en libertad a los asesinos de la abogada Consuelo Ramirez Brandt. En 2002 el exmagistrado Luis Velázquez Alvaray denunció a Moreno de ser miembro de la banda “Los Enanos”, que controla, supuestamente, parte del poder judicial en el país. También, mientras fue juez 34 de Control, fue el primero en conocer la investigación sobre el asesinato del fiscal Danilo Anderson. El 9 de noviembre de 2016 dio a conocer que el resultado del recurso de casación del caso del dirigente político preso Leopoldo López se podría conocer a finales del mes de enero de 2017. Un artículo publicado ese día por el porta web El Pitazo indica: ""Estamos revisando, acuérdense que no me puedo pronunciar sobre ese hecho, específicamente, porque yo soy el ponente. Son 65 piezas, 40 anexos y por supuesto estamos empezando, acaba de llegar el expediente no hace menos de 15 días”, dijo Moreno, según reseña la agencia de noticias EFE". Un mes después de su designación como presidente del TSJ, el organismo emitió, desde la Sala Constitucional, las sentencias 155 y 156, en la que asumía las competencias de la Asamblea Nacional, alegando desacato por parte de los diputados; "Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho". Asimismo, eliminó la inmunidad parlamentaria de los asambleistas luego de suspender la sesión del 21 de marzo- a solicitud del diputado oficialista Héctor Rodríguez-, en la que se había aprobado un acuerdo para la reactivación de la aplicación de la Carta Interamericana Democrática de la OEA". “Resulta oportuno referir que la inmunidad parlamentaria solo ampara, conforme a lo previsto en el artículo 200 del Texto Fundamental, los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional)”, indicó la sentencia. Por su parte, la sentencia 155 está orientada a habilitar al Ejecutivo para que pueda legislar en aspectos clave, sin contar con el aval del legislativo y en el marco del Decreto de Excepción aún vigente: "Se ORDENA al presidente que (...) tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción (...) revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y Código de Justicia Militar)", especifica el documento. El 18 de mayo, producto de esas dos sentencias, el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a Moreno y a los siete magistrados de la Sala Constitucional. El 20 de junio de 2017 aseguró que él, como presidente del TSJ, dará justicia por el asesinato de Fabián Urbina, joven de 17 años de edad que fue impactado con un arma de fuego en su tórax mientras que protestaba en las marchas opositoras. El 4 de julio de 2017 presentó ante el TSJ un documento de antejuicio de mérito contra la fiscal de la República Luisa Ortega. El 25 de julio de 2017 escribió en su cuenta Twitter: "Considero que abogados que desconocen a TSJ deben estar impedidos permanentemente de actuar en instancias judiciales". El 18 de enero de 2018 fue aprobada una sanción por parte de la Unión Europea en la que lo responsabilizan, junto a otros representantes del gobierno venezolano, de la represión y situación política de Venezuela. El 28 de marzo de 2018 fue sancionado por el gobierno suizo. Aseguran que utiliza su cargo para apoyar y facilitar acciones y políticas del Gobierno que han socavado la democracia. Dos días después, el 30 de marzo, fue sancionado por el gobierno de Panamá por ser considerado de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Maikel José
Moreno
Pérez
Maikel Moreno
12-12-1965
VENEZUELA
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Perfil

"Que no haya impunidad contra crímenes. Ustedes tienen en sus manos un compromiso: ayudar a que prevalezca la paz en este país. Quedan ustedes investidos como magistradas y magistrados de la República Bolivariana de Venezuela tal como está establecido en nuestra Constitución", afirmó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), y entonces presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, el 28 de diciembre de 2014. Se dirigía a los 16 magistrados, de la Sala de Casación Penal, juramentados ese año por el Parlamento, con la mayoría simple del Psuv  -la mitad más uno de los diputados-: Maikel José Moreno Pérez figuraba entre los elegidos del partido de gobierno.

Su historia en el poder judicial data de 1994, cuando fue alguacil de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, y sobre su toga pesa una destitución por estar incurso en desacato a órdenes judiciales. En 2007 volvió a la administración pública de la mano del entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro. El 11 de febrero de 2015 fue designado como primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y presidente de la Sala de Casación Penal, por la Sala Plena de este Alto Tribunal.

De la policía a la abogacía

El magistrado Moreno nació en el Tigre, estado Anzóategui –oriente venezolano- el 12 de diciembre de 1965, y es el segundo de cinco hermanos. Su familia se mudó a Caracas cuando él tenía 11 años, de joven practicó boxeo y karate. En 1987, cuando tenía 22 años, formó parte de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) –actual Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)- y fue señalado como el presunto responsable del asesinato de un joven en Ciudad Bolívar, estuvo en la cárcel, pero logró salir en libertad, según una investigación publicada por El Nuevo Herald el 7 de marzo de 2016 http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article64656027.html.

 En 1989 trabajó como oficial de la policía política, cumpliendo funciones como escolta del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, durante su segundo mandato. El reportaje también vincula a Moreno -en un expediente por homicidio número 552755- con el asesinato del venezolano Rubén Gil Márquez, quien  cayó abatido en medio de un tiroteo ocurrido en Parque Central en 1989. Un año después, en 1990, el hoy magistrado recibió beneficios procesales que le permitieron volver a las calles.

Ocho años después de la primera acusación, se formó como abogado en la Universidad Santa María (USM) en 1995, y como doctor en Derecho Constitucional en la misma casa de estudios, en 2014. Es profesor –en grado de instructor- en la USM desde 2005.

El 11 abril de 2012 Moreno contrajo matrimonio con Belkis Coralito Gachassin Lafite, una cubana residente de Miami, Estados Unidos, y la unión fue denunciada ante las autoridades estadounidenses bajo sospecha de que el magistrado venezolano cometió fraude migratorio, reseñó el Nuevo Herald http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article64656027.html. El reportaje señala que Moreno dejó registradas un par de direcciones como lugar de residencia en el sur de Florida, incluyendo las ciudades de Doral y Medley.

El segundo matrimonio del magistrado culminó en divorcio en junio del 2014. El primero fue con la venezolana Fabiola Mercedes Castro, con quien se casó el 23 de junio de 1988, unión que quedó disuelta el 11 de enero de 2008.  El 22 de agosto de 2015 se casó por el civil con la Miss Venezuela Mundo 2014, modelo y animadora venezolana, Debora Menicucci. La unión eclesiástica se llevó a cabo en la Casa de Campo de La Romana,  en República Dominicana, el 6 de enero de 2016. El magistrado y la Miss tienen una hija que nació en septiembre de 2015.

 

Un juez con expediente

Maikel Moreno tiene 22 años de experiencia en el poder judicial. En 1994 inició siendo alguacil de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. En el 2000 fue abogado consultor en el Consejo Nacional Electoral (CNE) –año de la repetición de todas las elecciones tras la reforma constitucional-. En 2001 fue juez suplente especial de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro. En 2002 se desempeñó como juez provisorio del Juzgado de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Cuando en 2007 Moreno se desempeñaba como juez de la sala Nro 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, fue destituido por la Comisión de Reestructuración Judicial, en compañía de los jueces Iván Bastardo y Jesús Bravo, por tomar una decisión que contravino un amparo que esperaba decisión en el TSJ por el caso del asesinato de la abogada Consuelo Ramírez Brandt: dejaron en libertad a los acusados de homicidio, Edgar Báez y Jhony Esté. La Sala Constitucional había ordenado a la Comisión procesar a Moreno y compañía, sin embargo, tras ser destituido, el entonces canciller Nicolás Maduro, lo designó como funcionario diplomático en la embajada de Venezuela en Roma, y posteriormente  consejero de la Embajada de Venezuela en la República de Trinidad y Tobago hasta 2010.

El 245 en la lista de Anderson

Moreno, quien alcanzó una de las 32 sillas de la máxima institución de justicia en el país, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha sido vinculado en la investigación del crimen del fiscal Danilo Anderson, de la cual siguen sin conocerse los autores intelectuales y las razones que los llevaron a perpetrar el hecho. Su nombre aparece en las actas de entrevista a los amigos de Anderson –con fecha del 15 de agosto de 2005- que contaron la repartición del dinero extraído de la caja fuerte del fiscal, la misma noche de su muerte –el 18 de noviembre de 2004- cuando Moreno se desempeñaba como juez 34 de control y presidente de la sala séptima de apelaciones, según un reportaje de Runrunes publicado el 26 de noviembre de 2014 http://runrun.es/nacional/venezuela-2/172031/candidatos-magistrados-aparecen-en-actas-del-caso-anderson.html.

Las decisiones del magistrado  

Su paso por el poder judicial se ha caracterizado por la toma de decisiones polémicas: dictó la privativa de libertad contra Iván Simonovis y autorizó su detención por un tiroteo en Caracas el 11 de abril de 2002; asumió la defensa del concejal del Movimiento Quinta República (MVR), Richard Peñalver -uno de los cuatro acusados de haber disparado desde el Puente Llaguno el 11 de abril de 2002- contraviniendo el precepto ético que reza que una misma persona no puede ser juez y parte. “En ese momento fui el defensor del concejal hasta la audiencia preliminar, en la que se le dio libertad; y a mi criterio no me encontraba inhabilitado para conocer el caso”, afirmó Moreno en una entrevista publicaba por El Universal el 3 de febrero de 2005http://www.sumate.org/democraciaretroceso/attachmentsspanish/T5%20ST01%20N6%20Resumen%20prensa%20casos%20comisarios.pdf.  

Maikel Moreno también llevó el caso de la ex senadora  Haydeé Castillo y su esposo, quienes fueron procesados luego del asesinato de su hijo Antonio López Castillo en un  enfrentamiento policial, en Caracas, relacionado a la investigación del crimen de Danilo Anderson. López Castillo y sus padres eran señalados de poseer dosis del explosivo C4, Acusación que no ha sido demostrada, sin embargo, debían presentarse ante Moreno de forma regular.

El 24 de febrero de 2017, Moreno llega a la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia. De inmediato, su voz se hizo sentir. Apenas un más tarde la Sala Constitucional emitió sendas sentencias en las que limitaba la inmunidad parlamentaria y adoptaba todas las funciones legislativas de la Asamblea Nacional.

Las decisiones tuvieron inmediata resonancia internacional, muchos países se pronunciaron en contra y pidieron "separación de poderes" y ocasionó que la oposición venezolana convocara a una serie de protestas masivas contra el gobierno de Nicolás Maduro que, cais 50 días después, ya contaba 43 muertos -la misma cantidad que generaron las protestas de 2014, en cinco meses-.

Ante esa presión, y las declaraciones de la fiscal general Luisa Ortega Díaz calificando las sentencias como un "quiebre del orden constitucional", el presidente Nicolás Maduro calificó la diferencia entre ambos poderes como un "impasse" y procuró solucionarlo convocando el Consejo de Seguridad de la Nación, al que no asistieron ni Ortega Díaz ni el presidente del Parlamento Julio Borges. El TSJ, entonces, publicó unas "aclaratorias" sobre ambas decisiones en las que anulaban las disposiciones referentes a la AN.

De acuerdo con analistas y juristas como José Ignacio Hernández, el Consejo de Seguridad de la Nación no tenía esa facultad y el propio TSJ no puede desarticular una sentencia emitida por él mismo.

El 18 de mayo, tras casi 50 días de protesta, Moreno junto con los siete magistrados que firmaron la sentencias, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que les congeló todos sus bienes y prohibió realizar transacciones con entidades estadounidenses.

 

 

 

 

 

 

 

 

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