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Luisa Ortega Díaz

11-01-1958

Fiscal General de la República.Trabajó al lado del ex vicepresidente y ex fiscal general, Isaías Rodríguez, en causas laborales del estado Aragua. En el juicio que se le siguió a Iván Simonovis y al resto de los comisarios de la extinta Policía Metropolitana solicitó las penas más altas contempladas en la legislación penal venezolana. Su despacho conoce denuncias de torturas y homicidios atribuidos a la fuerza pública durante las protestas que se iniciaron a comienzos de febrero del 2014 en todo el país. En marzo del 2017, la fiscal se manifestó en contra de dos sentencias emitidas desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), denunciando que estas "evidencian una violación del orden constitucional y desconocen el modelo de Estado consagrado en la Constitución". Las sentencia 155 está orientada a habilitar al Ejecutivo para que pueda legislar en aspectos clave, sin contar con el aval del legislativo y en el marco del Decreto de Excepción aún vigente. Por su parte, la sentencia 156 establece que, por desacato de los diputados de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, la Sala Constitucional del TSJ se encargará de cumplir con las funciones parlamentarias. Días después, el 1 de abril, Nicolás Maduro recibió a Ortega en Miraflores en relación a sus declaraciones.

Luisa Marvelia
Ortega
Díaz
Luisa Ortega Díaz
11-01-1958
VENEZUELA
@lortegadiaz
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Perfil

Fue designada como Fiscal General de la República para el período 2007-2014.  Se desempeñó en 1999 como Consultora Jurídica de Venezolana de Televisión durante la presidencia de Mari Pili Hernández y en abril de 2002 ingresó al Ministerio Público como fiscal de procesos, de la mano del entonces fiscal general, Isaías Rodríguez, a quién conoció en Maracay, cuando ambos acompañaron la lucha de los trabajadores de la industria textil del estado Aragua.
 
Es abogada egresada de la Universidad de Carabobo, en cuyos años de estudiante militó en el grupo Ruptura, un frente abierto del Partido de la Revolución Venezolana, fundado por el dirigente político y ex guerrillero Douglas Bravo. Se graduó de Doctora en Ciencias Jurídicas, mención Derecho Constitucional, en la Universidad Santa María y obtuvo una especialización en Derecho Procesal en la Universidad Católica Andrés Bello y otra en Derecho Penal en la Universidad Santa María.
 
Antes de ser nombrada como fiscal general, estuvo al frente de la Fiscalía sexta con competencia nacional, donde asumió buena parte de los casos emblemáticos que inició el fiscal Danilo Anderson, antes de ser asesinado. Entre ellos destaca el de los firmantes del decreto de Pedro Carmona; la acusación contra Carlos Ortega y otros de los líderes del paro de diciembre de 2002 y enero de 2003; la investigación contra la organización no gubernamental Súmate por haber recibido fondos del extranjero y la acusación contra los ex comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y otros ocho funcionarios de la Policía Metropolitana por el caso del 11 de abril, a quienes se les dictó sentencia condenatoria.
 

Elección cuestionada

 
Ortega Díaz llegó a ser la Directora de Actuación Procesal del Ministerio Público, cargo del que se separó en noviembre de 2007 para integrar la lista de postulaciones de la que salió electa como Fiscal General de la República. Su designación, sin embargo, causó críticas en el Foro Penal Venezolano y otras organizaciones no gubernamentales, cuyos voceros reclamaron violaciones al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, por no haber convocado a un proceso público con representantes de diversos sectores de la sociedad civil.
 
El padre José Palmar y el periodista Leocenis García también rechazaron su designación, tras advertir que aun siendo la representante jurídica de Multiconsumos Mónaco, una de las empresas involucradas en los señalamientos contra el ex gobernador del estado Guárico, Eduardo Manuitt, no se inhibió como cabría suponer ante el conflicto de intereses y asumió la investigación como fiscal. "Con este hecho, ella violó el artículo 58 de la Ley contra la Corrupción y tenemos, además, pruebas de lo que estamos presentando", dijo García.
 
Al postularla en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, el diputado Mario Isea, del entonces Movimiento Quinta República (MVR), expresó que “tiene valentía demostrada (…) (en) el sabotaje petrolero (…) porque supo defender los intereses de la patria”.
 

Casos de torturas y homicidios

 
En el acto de juramentación, celebrado el 21 de diciembre de 2007, Ortega Díaz afirmó que estaría abierta al diálogo con todos los venezolanos. “Juro ante Dios, juro en nombre de nuestra Constitución que seremos justos, equitativos, respetuosos de la garantía del debido proceso, de la dignidad humana y muy especialmente de los derechos humanos; pero también seremos, sin duda, celosos, cuidadores de la moral administrativa y de la ética pública como atribuciones fundamentales de su proceder”, dijo en esa oportunidad.
 
El Foro Penal Venezolano se reunió con representantes de la Fiscalía General de la República para denunciar 40 casos de torturas y tratos degradantes, atribuidos a funcionarios policiales y de la fuerza pública, en su actuación para contener la ola de protestas que sacudieron a varias ciudades del país entre febrero y marzo de 2014.
 
El 18 de febrero de 2014, como resultado de los daños al Ministerio Público ocasionados durante las protestas 6 días atrás, el líder opositor Leopoldo López fue solicitado por la justicia venezolana para responder a estas acusaciones. Desde que inició su juicio el 23 de julio hasta septiembre del mismo año, su audiencia ha sido diferida en cinco ocasiones distintas. La esposa de López, Lilian Tintori, y varios dirigentes de oposición han afirmado que su privativa de libertad se trata de un caso político.
 
A pesar de esto, y de que el 11 de septiembre se determinó que durante los hechos violentos del 12 de febrero no hubo incendio en la sede del Ministerio Público, durante una entrevista en Venevisión la fiscal general de la República afirmó que en Venezuela no hay procesados por casos políticos y que todos los presos obedecen a "delitos comunes". Del mismo modo, Ortega declaró que considera su gestión como una administración "transformadora", que fortaleció a la Fiscalía. En diciembre de 2014, sin emabrgo, fue incluida en la lista de sancionados por el gobierno de Estados Unidos por los casos de violación de derechos humanos en las protestas.
 
El 22 de diciembre fue designada por la mayoría simple de la Asamblea Nacional para repetir en el cargo.
 

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