Poderopedia

TSJ

Es el máximo organismo de justicia del país. En 1999 sustituyó a la Corte Suprema de Justicia. Se divide en seis salas o instancias: Constitucional, Político-administrativa, Electoral, Casación Civil, Casación Social y Casación Penal. Todas ellas conforman la Sala Plena. Entre sus atribuciones están: la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las Defensorías Públicas. Igualmente, le corresponde al TSJ la elaboración de su propio presupuesto y del presupuesto del Poder Judicial. También declarar si hay o no mérito para el enjuciamiento del Presidente de la República, y en caso de ser afirmativo, continuar conociendo la causa, con previa autorización de la Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva; declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del vicepresidente ejecutivo, diputados de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, los ministros, del procurador general, del fiscal general, del contralor general de la República, del defensor del Pueblo, los gobernadores, oficiales o almirantes de la Fuerza Armada Nacional, diplomáticos de la República, y en caso afirmativo, remitir los autos al fiscal general; y si el delito fuere común se continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva.

Organismo Gobierno
Tribunal Supremo de Justicia
TSJ
VENEZUELA
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Perfil

El  Tribunal Supremo de Justicia desde marzo de 2017 está presidido por Maikel Moreno, un abogado vinculado a banda Los Enanos, una mafia que agilizaba todo tipo de trámites dentro del Poder Judicial. Tiene, en total, 32 magistrados y seis salas, que son la Constitucional, la Político-Administrativa, la Electoral, la sala de Casación Social, Casación Civil y Casación Penal. Todas esas salas están representadas por cinco magistrados, a excepción de la Constitucional, que cuenta con siete magistrados o jueces principales. Estos magistrados se eligen cada doce años a través de un proceso de postulaciones en la que, según el portal oficial del Tribunal, también participa la sociedad civil, aunque esos aspirantes son electos en la Asamblea Nacional.

Durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia ha sido una de las instituciones más señaladas por falta de independencia y de beneficiar a miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela. 

 

El artículo 263 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que se publicó en Gaceta Oficial el 20 de mayo de 2004, reza que para ser magistrado es necesario ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad; ser ciudadano de reconocida honorabilidad, ser jurista de reconocida competencia y tener al menos 15 años de ejercicio como abogado, o 15 años como profesor universitario, entre otros.

A finales del año 2014 inició el proceso de preselección de nuevos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. Para el 10 de noviembre, ya existían 33 postulados, 16 mujeres y 17 hombres. Carlos Gámez, vicepresidente del comité de postulaciones, explicó entonces que hasta el 12 de noviembre recibirían más aspirantes. Ya luego le corresponde actuar a la Asamblea Nacional y el 20 de diciembre, probablemente, se tendrían los resultados definitivos de las nuevas caras del mayor órgano judicial del país.

MISIONES

El portal electrónico del Tribunal asegura que su principal función es asegurar la protección y tutela de las garantías constitucionales de la República. Su visión es garantizar el estado democrático y social de derecho y de justicia eficaz, que consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a través de una administración de justicia imparcial, transparente, racional, equitativa, expedita, autónoma, eficaz y accesible al justiciable. Y sus valores compartidos son la racionalidad, equidad, ética, responsabilidad, honestidad, imparcialidad, lealtad, corresponsabilidad, solidaridad y prudencia.

Su sede está ubicada al final de la avenida Baralt, en Caracas, muy cerca del Panteón Nacional. Se trata de una estructura de más de tres mil metros cuadrados cuya construcción comenzó en 1983 y terminó en 1987.

CASOS

Al menos dos exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia están ahora solicitados por la justicia venezolana. Tal es el caso de Luis Velázquez Alvaray, director ejecutivo de la Magistratura que estuvo involucrado en un caso de corrupción y desvío de fondos. El Ministerio Público inició una investigación en su contra por las irregularidades que hallaron durante la asignación de recursos y contratación de empresas para la construcción de la ciudad judicial Lebrún. Por el caso, Velázquez Alvaray huyó del país y se asiló en Costa Rica, desde donde denuncia a funcionarios del Gobierno de estar involucrados en casos de corrupción y homicidios. Otro caso, reciente, es el del magistrado Eladio Aponte Aponte, quien desde Estados Unidos denunció los vínculos entre funcionarios militares allegados al Gobierno y el cartel del narcotraficante Walid Mackled.

  El 8 de octubre de 2015, se dio a conocer que la Asamblea Nacional convocó a un proceso de postulaciones para sustituir a los magistrados del TSJ que ha solicitado su jubilación. De acuerdo con una nota de El Universal, al menos once magistrados que empezaron a trabajar en 2004 y que deberían jubilarse en 2016, solicitaron jubilarse anticipadamente.

Según los ex magistrado José Peña Solís y Blanca Rosa Mármol, los movimientos trataban de mantener la "hegemonía institucional" del chavismo. En palabras de Peña Solís: “La Asamblea Nacional actúa con una sospechosa premura al llamar a postulaciones para reemplazar a quienes se jubilan. Parecieran actuar por temor a que la oposición llegue a la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias y designe a los nuevos magistrados el año que viene. Es un adelanto de jubilación. No se sabe la situación particular de los que serían jubilados, pero tampoco hubo claridad en la convocatoria para las postulaciones, que no dice cuántas son las vacantes y a la sala que pertenecen. Esto es importante para definir el perfil de los candidatos”.

Todas estas denuncias fueron formalizadas por la nueva Asamblea Nacional que, a partir del 6 de diciembre de 2015, fue de mayoría opositora. Desde entonces, inició un pulso político entre ambos Poderes Públicos que anuló casi todas las decisiones y acuerdos tomadas por el nuevo Parlamento. Desde que tomó posesión el 5 de enero de 2016, toda ley aprobada por la AN fue declarada nula por el TSJ bajo el argumento de que el Parlamento se encontraba en "desacato".

La primera ruptura ente ambas instituciones fue la incorporación de tres diputados del estado Amazonas cuya votación había sido impugnada. Pese a que, un año más tarde -y con un nuevo presidente, el diputado de Primero Justicia, Julio Borges-, la Asamblea desincorporó de su cuerpo a los diputados en un intento por salir del "desacato", el Tribunal mantuvo que debía ser la Junta Directiva anterior, presidida por Henry Ramos Allup, quien debía efectuar el procedimiento.

La última semana de marzo de 2017, y mientras en la Organización de Estados Americanos (OEA) se desempañaba una sesión en la que discutía la activación de la Carta Democrática contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el la Sala Constitucional del TSJ emitió dos sentencias contra la AN. La primera, limitaba la inmunidad parlamentaria de los diputados, anulaba el acuerdo a través del cual el Parlemento manifestó a su apoyo a la inciativa de la OEA y daba poderes especiales al Presidente de la República para que tomara las medidas necesarias para "salvaguardar" el país. En la segunda, emitida la nochel del 29 de marzo, la Sala asumía todas las funciones de la Asamblea, todavía en "desacato". 

De acuerdo con la abogada y directora de la ONG Contro Ciudadano, Rocío San Miguel, la decisión evidenciaba un "quiebre constitucional" en el país y disolvía, de facto, a la Asamblea Nacional.

En adelante, el TSJ ha continuado emitendo sentencias. En mayo, la Sala Constitucional declaró inadmisible un recurso de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, contra la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro y el 12 de junio, apenas una semana después de que la fiscal -ante la negativa de la Sala Constitucional- introdujera un recuso similar ante la Sala Electoral, esta tampoco admitió el documento por "inepta acumulación de pretensiones".

De acuerdo con el abogado Nizar El Fakhi, la última vez que la Sala Electoral había declarado inadmisible un recurso fue el 25 de mayo de 2017 y había tardado más de ocho meses en tomar la decisión.

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Fuentes de TSJ
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