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Primer canal venezolano en tener una programación netamente informativa. Durante el gobierno del presidente Chávez, se caracterizó por tener una línea editorial crítica hacia su gestión. Desde entonces, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el ente rector de las telecomunicaciones en Venezuela, abrió ocho expedientes administrativos contra la planta televisiva. En 2011, a raíz de la cobertura que se hizo de los disturbio de El Rodeo, un complejo carcelario del país, el canal fue multado con casi 2 millones de dólares por Conatel por la “forma como abordó los hechos”. La multa significó el 7,5% de los ingresos de la planta para ese momento. En 2013, el presidente y dueño del canal, Guillermo Zuloaga, le envió una carta a los trabajadores de la empresa explicando que había tomado la decisión de vender el canal. Explicaba que la concesión vencía en el 2015, no había intención de renovarla y, debido a que estaban “acosados por las instituciones del Estado”, la empresa se hacía inviable económica, jurídica y políticamente. El 13 de mayo de 2013, luego de las elecciones presidenciales del 14 de abril donde el candidato Nicolás Maduro resultó vencedor por un estrecho margen, se cerró la venta del canal a los empresarios y directivos de la aseguradora La Vitalicia, Juan Domingo Cordero, Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo. En los meses siguientes, periodistas renunciaron a la planta denunciando censura por parte de la directiva y una línea editorial más abierta con el Gobierno de Nicolás Maduro.

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