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Julio Ponce Lerou

13-11-1945

Ingeniero forestal y accionista de SQM, ejerce el control de la compañía junto sus cuatro hijos sobre el 37,5% de la serie A de acciones a través de empresas que fueron conformadas en paraísos fiscales. La principal productora mundial de Litio está siendo investigada por el Ministerio Público por eventuales delitos tributarios y financiamiento ilegal de campañas políticas. El ex yerno de Augusto Pinochet ha sido cuestionado durante muchos años por cómo fue adquiriendo su fortuna y por la forma de manejar el control de sus compañías mediante "Sociedades Cascada". Razón por la cual fue multado por la SVS al pago de 70 millones de dólares el 2 de septiembre de 2014. Al año siguiente SQM comenzó a ser investigada por el Ministerio Público, al igual que Empresas Penta, por presunta emisión de boletas ideológicamente falsas que habrían servido para financiar irregularmente campañas políticas de personeros de casi todo el espectro político chileno. En el caso de SQM, la mayoría del conglomerado de gobierno de Michelle Bachelet. El cuestionado empresario hizo su estreno en el ranking de Forbes 2014 en el puesto 764- la octava mayor fortuna de Chile- con una riqueza estimada en 2.300 millones de dólares.

Julio César
Ponce
Lerou
Julio Ponce Lerou
13-11-1945
CHILE
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Perfil

Ingeniero forestal, ex yerno del general Augusto Pinochet, controlador de SQM, la mayor minería no metálica del mundo,  avaluada en bolsa en 16 mil millones de dólares.
 
El cuestionado empresario, quien fue investigado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por su participación en el llamado "Caso Cascada", hizo su estreno en el ranking de Forbes 2014 en el puesto 764- la octava mayor fortuna de Chile- con una fortuna estimada en 2.300 millones de dólares.
 
Considerado el “Rey del Litio en Chile”, se hizo de la mayor minera no metálica del mundo en 1987 durante la dictadura de su fallecido ex suegro, Augusto Pinochet. El ex marido de Verónica Pinochet Hiriart ha sido cuestionado durante muchos años por cómo fue adquiriendo su fortuna y por la forma de manejar el control de sus compañías mediante cuestionadas sociedades cascadas.
 
En el marco del cierre de la investigación por este caso, la SVS lo multó el 2 de septiembre de 2014 al pago de 70 millones de dólares. El regulador sancionó además a Aldo Motta Camp, Patricio Contesse Fica, Roberto Guzmán Lyon, Alberto Le Blanc, Leonidas Vial Echeverría, Manuel Bulnes Muzard, Felipe Errázuriz Amenábar y a Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa. En conjunto las multas ascendieron a UF 4.010.000 (unos US$164 millones), las más altas cursadas en su historia.
 
Considerado el "Rey del Litio en Chile", se hizo de la compañía en 1987 durante la dictadura de su fallecido ex suegro, Augusto Pinochet. El ex marido de Verónica Pinochet Hiriart ha sido cuestionado durante muchos años por cómo fue adquiriendo su fortuna y por la forma de manejar el control de sus compañías mediante "sociedades cascada". Razón por la cual el 10 de septiembre de 2013 la SVS formuló cargos en contra de Julio Ponce y su círculo de hierro (ver subtítulo). Tras más de un año de investigación el oficio de 337 dio cuenta de las operaciones y estructura que aseguraba resultados en beneficio del empresario.
 
Nacido en Calera, hijo de un respetable doctor de la localidad, Julio Ponce Lerou llegó a Santiago a estudiar ingeniería forestal a la Universidad de Chile, donde conoció a sus dos grandes amigos: Patricio Contesse (ex presidente ejecutivo de Codelco-Chile y actual gerente general SQM) y Carlos Stutz (su compadre, ex ejecutivo de Soquimich y ex socio de Ponce en la Sociedad Ganadera Monasterio).
 
Su meteórica carrera como ejecutivo se inició en 1978 cuando fue designado presidente de Celulosa Constitución. Un año después asumió como gerente de las empresas de la Corfo (Enap, Endesa, Iansa, Chilectra, entre otras) donde estuvo hasta 1983, cuando escaló al puesto de gerente general. En forma paralela Ponce Lerou fue consiguiendo instalarse en varios directorios de empresas estatales, que a la postre serían privatizadas, como por ejemplo la Compañía de Teléfonos de Chile y Soquimich.
 
En su libro "El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno", la periodista María Olivia Monckeberg lo califica como "uno de los hombres más poderosos de la dictadura. En una década, Julio César Ponce Lerou, manejó, manipuló y organizó empresas públicas de gran importancia en la economía chilena. Todo gracias, quizás, a la fortuna que tuvo de casarse con Verónica Pinochet Hiriart y por consecuencia emparentarse con quien pasaría a la historia como el "jefe supremo del país durante un dilatado período", como lo escribieron en 1995 los periodistas Víctor Osorio e Iván Cabezas en su libro "Los hijos de Pinochet".
 
Así las cosas, no fue hasta 1988 -durante el proceso de privatización de Soquimich- que Ponce y su sociedad de inversiones Pampa Calichera se quedan con el control de la ex empresa estatal. En la actualidad y ya pasados más de 25 años, el ex yerno de Pinochet ha logrado con su empresa SQM un liderazgo mundial en la producción de litio, con más de US$1.828 millones en ventas para los primeros nueve meses del 2012, lo que representa un aumento del 13,8% respecto de los US$1.606,4 millones reportados en el mismo período de 2011, así lo consigna la compañía en su sitio web.
 

¿CÓMO CONTROLA SQM?

En el mundo empresarial chileno Ponce Lerou es conocido como "el rey de las sociedades cascada". Esta forma de control, que era muy frecuente en los años '80, en la actualidad ha ido quedando excluida en las compañías chilenas y se ha dado paso a tipos de propiedad más directa. Sin embargo, el mayor accionista de SQM, ha sido la excepción y lejos de reestructurar la organización propietaria de sus sociedades, perfeccionó el sistema.
 
El empresario ejerce el control junto sus cuatro hijos sobre el 37,5% de la serie A de acciones de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) a través de empresas que fueron conformadas en paraísos fiscales. En el exterior la línea termina en The Pacific Trust –que fue informada a la “Securities and Exchange Commission (SEC)” (ver documento) con domicilio en Islas Vírgenes Británicas–y que es la propietaria del 100% del capital de Pacific Atlantic Trading Corporation. Esta última, que tenía domicilio en Islas Caimán hace 11 años, es la controladora del 100% de S.Q. Grand Cayman Corp, la cual es la poseedora de prácticamente el 100% de las acciones de Inversiones SQ Holding S.A., con residencia en Chile. 
 
SQ Holding es al día de hoy la dueña del total de SQYA Ltda., la que a su vez tiene el 67% de Norte Grande. Esta compañía cuenta con el 76% de Oro Blanco, firma que controla el 88% de Pampa Calichera, que tiene el 23% de SQM. Paralelamente, Norte Grande también posee el 76% de Nitratos de Chile, que controla el 98% de Potasios de Chile, sociedad que detenta el 7% de SQM y el 10% de Pampa Calichera. Así llega a sumar el 29,92% de la totalidad de las acciones actualmente emitidas, suscritas y pagadas de SQM S.A.
 
Un reportaje publicado por El Mostrador da cuenta que la Reforma Tributaria podría obligar a Ponce a pagar impuestos. Pero además señala que hay una segunda arista de esta figura legal y tiene que ver con el cobro de la multa que la SVS le propinó el 2 de septiembre de 2014, ya que, en estricto rigor, sus acciones están en manos de un Trust.
 

CÓMO SE HIZO DE SQM

En 1995 los periodistas Víctor Osorio e Iván Cabezas publicaron el libro "Los hijos de Pinochet", una investigación sobre los personajes clave que se hicieron del poder político y económico al amparo del dictador. En septiembre de 2012 El Mostrador reprodujo el capítulo sobre el ex yerno del general, "quien se quedó con la propiedad de la empresa estatal y armó al amparo de esta una red política y de negocios que lo convirtieron en un intocable durante la transición", señala textual el medio.
 
El libro señala que "la historia de Julio Ponce Lerou en las cúpulas del poder político y económico del país se inicia en 1973. Llevaba un año haciendo negocios en Panamá y recibió el llamado de Augusto Pinochet Ugarte, el entonces dictador gobernante de Chile, quien le pide que viaje de forma inmediata al país para hacerse cargo de la Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf). Sin dudarlo, el ingeniero forestal regresó para asumir su primer cargo público".
"Pero éste ofrecimiento no habría sido posible sin su trabajo estratégico anterior. Luego de volver de Canadá, donde viajó a realizar su práctica profesional, comenzó a trabajar en la Industria Forestal (Inforsa), llevando a cabo una de las mejores jugadas de su vida: contrajo matrimonio con Verónica Pinochet Hiriart. Por tanto, es evidente que el llamado que recibió no fue al azar, el entonces dictador del país era su suegro".
 
"Ponce Lerou, con su conocida mentalidad comercial estratégica, supo aprovechar la oportunidad. Desde entonces comenzó su escalada que hoy lo tienen como "el patrón en miles y miles de hectáreas de yacimientos de nitrato y de pastizales para la engorda de ganado ", dueño de una millonaria fortuna y consolidado como el padrino del litio".
"Desde su llegada a la Conaf, las cosas se le hicieron más expeditas. Pronto asumió la presidencia de la Celulosa Constitución y Celulosa Arauco. Se incorporó en la dirección de Inforsa, la industria que lo vio nacer en la ingeniería forestal cuando era un recién egresado".
 
Además se hizo parte de la jefatura de industrias forestales de la Corporación de Fomento (Corfo). Pero no se detuvo. En 1980 deja la Conaf y se queda a cargo de la presidencia de la Compañía de Teléfonos y la Industria Nacional Azucarera (Iansa). Además es parte del directorio de la Empresa Nacional de Minería (Enami). Pasó por Endesa, fue delegado del gobierno representando al Servivio Agrícola Gandero (SAG), gerente de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich).
 
Cuatro años le bastaron para llegar a la lo más alto de la Corfo, en 1983 fue nombrado gerente general de la corporación, organismo responsable en gran parte del emprendimiento y la productividad del país. Pero su paso por uno de los más importantes cargos públicos que pudo obtener, fue por un corto tiempo.
En el libro "Los Hijos de Pinochet" se señala textual que "tras un escándalo que nace de un documento que merodea por las Fuerzas Armadas, donde se reclama la dudosa y poco transparente forma en que Ponce incrementó explosivamente su riqueza, debió renunciar a todos los cargos públicos que tenía". A renglón seguido, el libro publica que "los puntos más polémicos fue su extensión de negocios ganaderos y forestales hacia el sur del país mientras estaba a cargo de Conaf". Sin embargo, esto no fue un impedimento para seguir avanzando en sus intereses. El colchón estaba hecho.
 
"Cuando tuvo que alejarse de la actividad pública la tarea ya estaba hecha: ya había logrado amarrar una bien armada red de familiares y socios que -con la venia de militares y del equipo económico civil- alcanzó desde los principales puestos ejecutivos hasta las empresas estatales más importantes" como parafrasea el diario The Clinic a la periodista María Olivia Monckeberg en su libro "El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno".
 

LA PARTICIPACIÓN DE BÜCHI Y LOS CHICAGO BOYS

Definitivamente el corto paso por la Corfo fue el más próspero para sus negocios. Ahí puso los ojos sobre la Sociedad Química y Minera de Chile. Entonces Soquimich tenía pérdidas de 20 millones de dólares por año y comenzaban a cerrar algunas oficinas del norte.
 
Ponce, junto a su viejo amigo y compañero de universidad, Patricio Contesse habían pasado en 1980 por la dirección de Soquimich y donde aprendieron a manejar el negocio. En 1987 el ingeniero forestal regresa de su descanso de servidor público tras el escándalo, que finalmente quedó en nada.
 
Un año después, junto a su sociedad Inversiones Pampa Calichera creada con este objetivo puntual, se hicieron definitivamente dueños de Soquimich, trabajo maquinado por Ponce desde que pasó por la directiva del organismo y la gerencia general de la Corfo. Según Monckeberg, entre 1986 y 1988 la "Corfo le vendió el 93% de las acciones en 7.237.000 de UF, precio bastante menor a las 12.766.000 UF en que había sido estimado por los expertos".
Como se relata en "Los Hijos de Pinochet", en Soquimich se concentraron varias generaciones de Chicago boys y próceres neoliberales de alto rango. "De acuerdo a datos de 1992, en el directorio, presidido por El Yerno, aparecían el ex ministro Sergio de Castro Spikula, Ernesto Fontaine Ferreira-Nobriga, integrante del equipo económico del régimen (ligado también al grupo Enersis-Endesa), y Juan José Hurtado Vicuña, viejo amigo de Hernán Büchi y prohombre del equipo económico de los militares. En la administración estaba su amigo Patricio Contesse como Gerente General", quien sigue hasta el día de hoy a la cabeza de la administración de la compañía.
 
Agrega la publicación que "fue en la mente de estos hombres -que compartían amistad e intereses- donde, en gran medida, surgió en 1989 la idea de lanzar la candidatura de Hernán Büchi". El ex ministro de Hacienda de Pinochet es quien precisamente acompaña en el directorio de SQM a Julio Ponce en la actualidad.
 
 

LA INVESTIGACIÓN DE LA SVS

Durante más de 20 años las distintas autoridades que pasaron por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) investigaron las sociedades en cascada mediante las cuales Ponce ha logrado controlar SQM. Aunque las pesquisas nunca llegaron a puerto, durante la administración de Fernando Coloma, la entidad fiscalizadora del mercado dio con una línea investigativa que implicó la suspensión en abril de 2012 de la transacción de acciones de las sociedades Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera y Potasios de Chile. Según el regulador, la compra y venta de 5.000.000 acciones de SQM Serie A que se inició en marzo de 2011 fue, en la práctica, entre partes relacionadas, por lo que el tratamiento contable obligaba a descontar varios millones de dólares tanto de las ganancias como de los activos de dichas sociedades.
 
¿Pero cómo se explica el complicado entramado legal de SQM, cuyos estatutos limitan la propiedad de los accionistas?: "Ningún socio puede tener más del 32% del capital total de la firma ni más del 37,5% de cada una de sus series de acciones", señala El Mercurio.
 
Así las cosas, en la actualidad en la minera no metálica, las firmas ligadas a Julio Ponce -Pampa Calichera y Potasios de Chile- poseen el 28,63% de la propiedad de la minera, mientras que la canadiense PCS, a través de Inversiones El Boldo, tiene 23,68%, según datos de la SVS a marzo de 2012.
Tras dos años de investigación la SVS, Fernando Coloma, hizo historia el 10 de septiembre de 2013 al anunciar la formulación de cargos contra el controlador de las sociedades cascadas de SQM, Julio Ponce Lerou por cinco infracciones (ver subtítulo) a la Ley de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas. La acusación alcanzó también a su círculo de hierro: Aldo Motta Camp, Patricio Contesse Fica y a su asesor Roberto Guzmán Lyon.
La investigación de Coloma contra el empresario no fue la primera en la historia, algunos de sus antecesores habían investigado al ex yerno de Pinochet sin lograr avances.
 
El Mostrador consigna que la investigación fue requerida por el gestor de fondos Moneda Asset y las AFP, por operaciones de Ponce con las cascadas entre 2009 y 2011, las cuales, según los denunciantes generaron millonarias pérdidas para los accionistas minoritarios de las cascadas y ganancias del mismo rango para Ponce.
 
Las primeras acusaciones contra Ponce se hicieron públicas el 31 de julio de 2012, en la junta de accionistas de Oro Blanco. Su principal acusador, Moneda Asset Management, denunció que entre 2009 y 2011 hubo más de 100 operaciones irregulares y que las transacciones donde participaron sociedades controladas por Julio Ponce alcanzaron unos 6.400 millones de dólares. Una de las operaciones más cuestionadas dejó a firmas ligadas a Ponce, según Moneda, beneficios por más de 100 millones de dólares en perjuicio de los minoritarios.
 

LOS OTROS IMPLICADOS

Aldo Motta Camp. Es ingeniero comercial, gerente general de Pampa Calichera y Norte Grande, y ex gerente de Oro Blanco y de Potasios. Entró en 2006 a Calichera como gerente de finanzas. Antes fue gerente comercial de Atentus S.A. y gerente regional de Ad2Win S.A. Hoy también forma parte del directorio de La Polar. Fue acusado por la SVS en su calidad de gerente general de Norte Grande S.A., Oro Blanco S.A. y Pampa Calichera S.A. desde agosto de 2009 hasta la fecha, a excepción de Oro Blanco S.A., cargo al que renunció en mayo de 2013, siendo además gerente general de Potasios S.A. hasta septiembre de 2011. Adicionalmente, fue gerente general de Inversiones SQ S.A. e Inversiones SQYA S.A. desde agosto de 2009 hasta mediados de 2011.
 
Patricio Contesse Fica. Es gerente general de Potasios desde 2011. En abril de 2013 presentó su renuncia, por motivos personales, al directorio de Oro Blanco, otra de las empresas de Ponce. Contesse Fica es hijo del ex presidente ejecutivo de Codelco, empresario, y actual gerente general de SQM, Patricio Contesse González.
Roberto Guzmán Lyon. Según consta en el comunicado de la SVS, Guzmán es asesor cercano de “larga data” de Julio Ponce Lerou y a juicio del organismo, habría tenido una participación relevante en diversas operaciones, a través de las diferentes sociedades, “las que se enmarcaban en el esquema en cuestión”.
 

LAS ACUSACIONES QUE ENFRENTARON

De acuerdo a lo informado por La Nación, en las acusaciones la SVS presumió la existencia de un esquema estructurado sobre la base de reiteradas operaciones de inversión y financiamiento que habría llevado a que las Sociedades Cascada proveyeran acciones Oro Blanco, Calichera A y SQM-B, a precios que, en la generalidad, pueden ser entendidos bajo mercado y en condiciones que imponían barreras a la participación de un mayor número de inversionistas, entre otras, a las diferentes sociedades relacionadas a Julio Ponce, y en menor medida a sociedades relacionadas a Roberto Guzmán.
 
Estas sociedades, por lo general, tiempo después, enajenaban dichas acciones a precios significativamente mayores a los que las habían comprado y en condiciones de precios que, en la mayoría de las veces, podrían ser consideradas como sobre mercado, siendo las contrapartes de estas operaciones, mayoritariamente, las propias Sociedades Cascada.
Lo anterior daría cuenta de la realización de prácticas que no habrían perseguido el interés social de las Sociedades Cascada, pudiendo incluso vislumbrarse como contrarias al mismo y que, por otra parte, habría afectado el correcto funcionamiento del mercado de valores, basado principalmente en la confianza del público inversor y en la transparencia del mismo.
 

LEONIDAS VIAL OTRO INVOLUCRADO

La investigación elaborada por el equipo de Fernando Coloma, tras más de un año y medio de trabajo, trajo frutos y argumentos de grueso calibre. Logró lo que ningún superintendente había conseguido en los últimos años: desmenuzar con lujo de detalles las operaciones de compra y venta de acciones de las sociedades cascadas que Ponce realizó, al menos, entre 2009 y 2011.
 
Y en ese camino se topó con personajes del máximo linaje empresarial chileno, liderados por Leonidas Vial, el socio de la corredora de Bolsa más influyente del país, LarraínVial, y vicepresidente de la propia Bolsa de Comercio de Santiago. Además es socio principal de la concesionaria Blanco y Negro, que administra Colo-Colo.
 
Hasta ahora, con la revelación de los cargos que Coloma formuló el 10 de septiembre, se conocía solamente de la participación de Ponce y de sus ejecutivos más cercanos ligados a las cuestionadas operaciones de las sociedades cascadas que controlan SQM.
 
Pero el 2 de octubre de 2013 con la filtración del oficio de formulación de cargos a Ponce se reveló toda la estructura con que operaba el empresario para comprar y vender acciones de las "cascadas" y de SQM. Al mismo tiempo, salieron al ruedo los personajes y empresas que fueron parte de la estructura con que operaba. El informe plantea que Ponce “habría sido el ideólogo y promotor” del referido esquema.
 
El documento de la SVS reveló que entre los años 2009, 2010 y 2011, se realizaron cientos de transacciones en los mercados bursátiles locales con títulos de Calichera A, Oro Blanco y SQM-B, bajo un diseño “recurrente y coincidente”, el que en términos simples, consistía en la venta por parte de las ‘cascadas’ de algunos de estos títulos a sociedades ligadas a Ponce, Guzmán Lyon, Leonidas Vial o Alberto Le Blanc, a precios bajo el nivel de mercado y luego la venta —de vuelta y en algunos casos luego de transacciones entre algunas de las sociedades de estos empresarios— a las ‘cascadas’ a precios sobre la cotización del momento. Esto generaba ganancias tanto para Ponce, como sus amigos y socios, y pérdidas para las ‘cascadas’.
 
Vial es junto a Le Blanc, el principal involucrado en el caso, por su casi indiscutible participación en las cuestionadas operaciones. Esto, porque al menos dos sociedades suyas —Inversiones Saint Thomas y Agrícola e Inversiones La Viña— transaron acciones de las cascadas, de forma directa o indirecta, y con los otros implicados.
 
Pero además, porque su corredora aparece como la principal operadora en las operaciones, dada su reiterada aparición en compraventa de acciones, en condiciones que, según la SVS, si bien en lo formal aparentaban cumplir la ley, en la práctica estaban hechas para impedir que otros inversionistas —salvo algunas excepciones de institucionales— intervinieran. Las califica como operaciones “engañosas”.
 
Finalmente y después de meses de investigación, el 31 de enero de 2014, el superintendente de Valores y Seguros (SVS), Fernando Coloma, formuló cargos contra Leonidas Vial y su corredora (ver documento), a la cual también acusa. También contra su gerente general Manuel Bulnes y su gerente de distribución, Felipe Errázuriz.
Además, formuló cargos contra la corredora del grupo Luksic, Banchile Inversiones, contra el ex gerente de esa entidad Cristián Araya, además de Citigroup Global Maarkets y su representante legal. También acusa a Linzor Asset Management (actualmente CHL Asset Management Chile) y su representante legal Canio Corbo, sobrino del ex presidente del Banco Central, Vittorio. 
 
Los nuevos cargos son  por presuntas infracciones a la Ley de Mercado de Valores, en el marco de la investigación en curso del caso.
 
El regulador explica que lo oficios de cargos "se circunscriben a la presunta responsabilidad de distintas entidades y personas en la realización de operaciones bursátiles realizadas durante los años 2009, 2010 y 2011, las cuales habrían afectado el normal funcionamiento del mercado bursátil.
 

FONDOS DE PENSIONES

El 18 de octubre de 2013 la Superintendencia de Pensiones entregó un detallado desglose de las inversiones de las AFP en las sociedades cascadas de Soquimich, dejando en claro que esta solo representa el 0,46% de los fondos de las personas. Sin embargo, el 30 de octubre de 2013, tras las exposiciones de los superintendentes de Valores y Pensiones ante la comisión de Trabajo del Senado, lo parlamentarios Mariano Ruiz Esquide (DC) y Ximena Rincón (DC) y Camilo Escalona (PS), sostuvieron que es necesario que el gobierno responda y aclare de qué manera ha afectado el caso Cascadas a los fondos previsionales de los trabajadores de Chile.
 
El documento oficial de la Superintendencia de Pensiones señala que “las inversiones en instrumentos realizadas por los Fondos de Pensiones al 9 de octubre de 2013, en SQM y sus sociedades controladoras, alcanzaba a US$ 757,9 millones ó 0,46% del total de los Fondos de Pensiones” (cifra similar las AFP’s tenían invertida en la Polar, señalan algunos medios).
 
Y agrega que “independiente de la magnitud y proporción que las inversiones en instrumentos emitidos por un determinado emisor representen del total de los Fondos de Pensiones, la Superintendencia -de acuerdo a las atribuciones legales con que cuenta y la normativa vigente- permanentemente fiscaliza a todas las Administradoras de Fondos de Pensiones, respecto de su cumplimiento en relación a la gestión de las inversiones“, consigna la institución.
 
La Superintendencia dejó en claro que “en el caso particular las transacciones efectuadas entre empresas relacionadas pertenecientes al grupo controlador de SQM, la Superintendencia ha efectuado y está efectuando las diligencias necesarias que el marco legal le permite para fiscalizar que las Administradoras bajo su supervisión cumplan y hayan cumplido la ley y las normas que las rigen al momento de tomar sus decisiones en torno este caso”.
 
Sin embargo, Ruiz Esquide señala que “estos ahorros previsionales están en riesgo, producto de operaciones bursátiles que realizaron corredoras contratadas por las AFP (las cuales tienen responsabilidad fiduciaria), que se hacen en una Bolsa de Comercio poco competitiva, a través de corredoras que no funcionan con transparencia y llenas de conflictos intereses”, denunció.
 
De igual manera, Ximena Rincón indicó que malas prácticas detectadas en el caso Cascadas, que tienen expuestos estos US$ 757 millones de los fondos previsionales de los trabajadores, se producen por una debilidad regulatoria sobre las modalidades de manejo de los fondos previsionales; por las relaciones AFP’s-corredoras en el mercado bursátil; y por las falencias en la capacidad fiscalizadora de la superintendencia de Valores y Seguro (SVS) y de la Superintendencia de Pensiones.
 
“Necesitamos más detalles sobre las medidas para resguardar los ahorros previsionales de los trabajadores, que equivalen a US$ 160.000 millones en la actualidad y, en especial, aclarar la situación de los fondos previsionales expuestos en las operaciones del caso Cascadas”, agregó Escalona.
 

LA ARISTA PENAL: MONEDA SE QUERELLA

La administradora de fondos de inversión Moneda interpuso una querella criminal en contra de Julio Ponce Lerou, Roberto Guzmán Lyon, Aldo Motta Camp y Patricio Contesse Fica.
 
La Tercera informó que la querella criminal fue interpuesta el 30 de enero de 2014 en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y está dirigida en contra de los cuatro personas antes nombradas, en calidad de autores de los siguientes delitos: transacciones ficticias, inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, proporcionar antecedentes falsos al mercado, y uso de información privilegiada. 
 
Todos estos delitos fueron cometidos reiteradamente en perjuicio de los accionistas minoritarios, dañando al mercado y causando un menoscabo patrimonial a las denominadas “sociedades cascadas” abiertas en Bolsa, señala el documento.
 

LAS MILLONARIAS MULTAS DE LA SVS

En tanto, la SVS entregó el martes 2 de septiembre de 2014 su resolución en el marco del cierre de la investigación por el Caso Cascadas (ver comunicado), en la que aplicó sanciones de multa que en su conjunto ascienden a UF 4.010.000 (unos US$164 millones), las más altas cursadas en su historia, de las cuales la mayor es para Julio Ponce que fue sancionado con unos US$70 millones. El regulador multó además a su círculo cercano:
 
- Aldo Motta Camp (US$24,2 millones)
- Roberto Guzmán (US$22,5 millones)
- Patricio Contesse (US$2,4 millones)
- Alberto Le Blanc Matthaei (US$4,1 millones)
- A Leonidas Vial (US$20,4 millones) y a su Corredora de Bolsa Larrain Vial (US$8,2 millones) y a sus ejecutivos
 
Manuel Bulnes Muzard (US$8,2 millones) y Felipe Errázuriz Amenábar (US$4,1 millones)
Del análisis de más de un millón de transacciones bursátiles, la Superintendencia señaló que pudo constatar la existencia de una secuencia de operaciones de compra y venta de acciones, con patrones comunes y reiterados en el tiempo y con el concurso de los mismos participantes, estableciéndose de esta forma la existencia de un esquema coordinado de operaciones.
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

La Superintendencia señaló que sobre la base de diferentes hechos que tuvieron lugar entre los años 2008 y 2011, y que se desarrollaron tanto en el ámbito social de las Sociedades Cascada como en el ámbito bursátil, específicamente en operaciones con los títulos Calichera-A, Oro Blanco, Norte Grande, SQM-A y SQM-B, estableció la existencia del esquema antes referido, en el que participaron de manera reiterada ciertas personas, a través de distintas sociedades, pero con diversa frecuencia y oportunidad, en lo que la SVS ha denominado ciclos de un mismo esquema.
 
Las diversas actuaciones realizadas por las Sociedades Cascada permiten concluir a esta Superintendencia que su controlador, el señor Julio Ponce Lerou, no sólo ejercía una influencia significativa sobre ellas, sino que derechamente las gestionaba, para lo cual implementó una administración altamente unipersonal, replicando incluso a los miembros de la administración de sus sociedades particulares al de las Sociedades Cascada. Esta situación se verificó independientemente que, en lo formal, cada una de las Sociedades Cascada tenía su propio directorio.
En tal proceso, el señor Julio Ponce Lerou contó con la colaboración de los señores Aldo Motta Camp y Patricio Contesse Fica, gerentes generales de las Sociedades Cascada y Potasios, respectivamente, quienes se encargaron de llevar a la práctica sus directrices.
 
Entre los años 2008 a 2011, las Sociedades Cascada realizaron una serie de operaciones sociales, tanto de inversión como de financiamiento, que tuvieron por objeto dejar disponibles importantes paquetes de acciones para su remate en el mercado, para luego, recomprar esos títulos a precios mayores a los de su venta inicial.
 
Las Sociedades Cascada vendían estos títulos a sociedades identificadas como Relacionadas (controladas por Julio Ponce Lerou), Vinculadas (controladas por Roberto Guzmán Lyon) e Instrumentales (controladas por Leonidas Vial Echeverría y Alberto Le Blanc Matthaei), para luego recomprar a estas mismas sociedades paquetes de acciones, de igual o mayor número, siempre a un mayor precio. Dependiendo del año, se observa la participación de terceros, la que en todo caso no dejó de ser marginal.
 
Para recomprar los paquetes de acciones a las Sociedades Relacionadas, Vinculadas e Instrumentales, las Sociedades Cascada debieron asumir un sobre costo estimado de UF 7.352.300 entre 2009 y 2011 (equivalente a unos US$ 300 millones con el tipo de cambio actual).
 
La SVS pudo establecer que dicho sobre costo no puede ser atribuido a malas decisiones de negocios, sino que fue resultado directo de la gestión que se hizo de aquellas sociedades, gerenciadas por los señores Motta y Contesse, en las cuales se privilegió el interés particular del controlador, Julio Ponce Lerou, quien obtuvo importantes beneficios a partir de estas operaciones. Dichos retornos estaban dirigidos a sus sociedades particulares. En tanto, los sobre costos derivados del diferencial de precios por la recompra de estos paquetes de acciones fueron repartidos con los demás accionistas de las Sociedades Cascada.
 
En contraste al sobre costo estimado de UF 7.352.300 que asumieron las Sociedades Cascadas, la utilidad estimada por las operaciones que hicieron las Sociedades Relacionadas al señor Julio Ponce Lerou con las Sociedades Cascada entre 2009 y 2011 asciende, aproximadamente, a UF 3.125.000 (aprox. US$128 millones).
 
Asimismo, las ganancias estimadas de las Sociedades Vinculadas al señor Roberto Guzmán Lyon con las Sociedades Cascada, en el mismo período, fueron de UF 3.122.000 (aprox. US$128 millones). Las utilidades estimadas de las Sociedades Instrumentales del señor Leonidas Vial Echeverría fueron de UF 1.761.000 entre 2009 y 2010 (aprox. US$72,3 millones) y las utilidades estimadas de las Sociedades Instrumentales de Alberto Le Blanc Matthaei fueron de UF 91.800 en 2011 (aprox. US$3,7 millones).
 
El Superintendente Carlos Pavez explicó que “tras una extensa investigación, y luego de analizar en profundidad los descargos de las partes, esta Superintendencia ha llegado a la convicción de que los sancionados infringieron consistente y reiteradamente la Ley de Mercado de Valores y/o la Ley de Sociedades Anónimas, -según se detalla en la Resolución por medio de la cual se imponen las sanciones-, a través de un esquema de operaciones que beneficiaron a un grupo de accionistas en desmedro de otros”.
 
El Superintendente agregó que “en un mercado de capitales que cada día es más profundo, quienes participaron de este esquema dañaron los principios básicos sobre los que se funda el mercado de valores: la fe pública, la confianza, la transparencia y el buen gobierno corporativo. Por ello, esta sanción busca castigar estas infracciones conforme al marco jurídico vigente”.
 

FUNDAMENTACIÓN

Tras analizar los cargos, descargos y estudiar las pruebas presentadas por los formulados de cargos en el periodo probatorio, la SVS concluye que:
 
- Existe evidencia comprobable de que durante los años 2009, 2010 y 2011 existió un esquema estructurado de operaciones de inversión y financiamiento que llevó a que las Sociedades Cascada proveyeran acciones de Oro Blanco, Calichera-A y SQM-B, a las diferentes Sociedades Relacionadas a Julio Ponce Lerou y en menor medida a Sociedades Vinculadas a Roberto Guzmán Lyon, entre otras. Todo ello, a precios bajo los de referencia de mercado y en condiciones bursátiles que impusieron barreras de acceso a un número mayor de inversionistas.
 
- Estas sociedades Relacionadas y Vinculadas vendieron dichas acciones a precios mayores a los que las habían comprado, siendo las contrapartes de estas operaciones, mayoritariamente, las propias Sociedades Cascada.
 
- Lo anterior, dio cuenta de la realización de prácticas que no persiguieron el interés social de las Sociedades Cascada, pudiendo incluso vislumbrarse como contrarias al mismo, afectando el correcto funcionamiento del mercado de valores, basado principalmente en la confianza del público inversor y en su transparencia.
 
- En cuando a la participación y responsabilidad específica de las personas sancionadas, es posible concluir que el señor Julio Ponce Lerou, en su calidad de máximo accionista de las Sociedades Cascada, controló sin contrapeso el gobierno corporativo de dichas sociedades. De esta forma, impulsó una serie de acciones dentro de los directorios para aprobar determinadas operaciones (aumentos de capital, oportunidades de enajenación de acciones, compra de títulos, entre otras). Así, estructuró una serie de operaciones con el objeto de obtener beneficios económicos, extrayendo riqueza de las Sociedades Cascada, y en contra del interés social de éstas, a través de operaciones ficticias, engañosas y fraudulentas.
De esta manera, la SVS concluye que el señor Julio Ponce Lerou fue el ideólogo y promotor de un esquema de transacciones que lo benefició a él y a personas y sociedades relacionadas, en desmedro del interés social de las Sociedades Cascada.
 
- La Superintendencia también logró acreditar que Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa y sus ejecutivos, Manuel Bulnes Muzard y Felipe Errázuriz Amenábar, formaron parte del esquema mencionado al articular, por ejemplo, una serie de operaciones bursátiles que si bien cumplieron formalmente con las exigencias que establecen las bolsas de valores de Chile, aparentaron ciertas condiciones habilitantes para la realización de estas operaciones, desnaturalizando el sentido de las ofertas en el sistema bursátil.
 
- La SVS pudo comprobar, asimismo, que las sociedades controladas por los señores Leonidas Vial Echeverría y Alberto Le Blanc fueron funcionales e instrumentales para el desarrollo del esquema, participando de manera reiterada, periódica y atípica respecto de otras de sus inversiones, en ciclos de transacciones de las Sociedades Cascada Calichera-A y Oro Blanco.
 
La SVS precisó que todas las actuaciones y operaciones analizadas en el procedimiento administrativo y que forman parte del esquema, constituyen infracciones que ameritarían una sanción de multa. Sin embargo, la SVS dijo que atendido que algunas de las infracciones imputadas tienen una antigüedad de más de cuatro años. Por ello, conforme al artículo 33 del DL 3.538, se ha visto impedida de extender su facultad sancionatoria más allá del plazo antes mencionado.
 
Asimismo, indicó que el monto de las multas cursadas fue fijado en virtud de lo establecido en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley Orgánica de la SVS. Estas deberán ser canceladas en la Tesorería General de la República, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la citada ley, dentro del plazo de diez días desde que se realizó la notificación legal.
Sin perjuicio de lo anterior, los sancionados podrán presentar ante la Superintendencia un recurso de reposición administrativa dentro de un plazo de cinco días hábiles desde su notificación. De igual forma, podrán presentar un recurso de reclamación de multa o de su monto ante el juzgado civil correspondiente, dentro de los diez días hábiles desde la fecha de su notificación.
 
Respecto del resto de los cargos formulados en enero de 2014, por su participación en ciertas operaciones en acciones SQM-A y SQM-B, la SVS informó que mantiene el procedimiento administrativo que lleva adelante.
 

NEGOCIOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

Ponce además ha sido acusado, entre otras cosas, de comprar terrenos a precios irrisorios, luego tasados por la Corfo con una sobrevaloración incomprensibles. Arriendos de predios públicos a precios evidentemente manipulados.
El libro de Osorio y Cabezas indica que hacia 1981 Ponce pagaba de arriendo "20 mil pesos mensuales por un predio -el fundo "Quenchumalal"- de nueve mil hectáreas, de propiedad de la Caja de Empleados Públicos. ¡Su avalúo fiscal era de 15 millones de pesos!". Agregan que un "protagonista clave de la operación fue el compadre de Ponce, el ingeniero Carlos Stutz, quien era, a la fecha de la compra, ejecutivo de SOQUIMICH y la Compañía de Teléfonos. La escritura de compra fue redactada por el abogado y fiscal de CONAF, Armando Gutiérrez. El presidente de las tres instituciones estatales era precisamente Julio Ponce".
 
Ponce Lerou en paralelo a su afamada vida como "servidor público", hizo sus negocios privados aumentando escandalosamente su fortuna. Luego de presidir el Complejo Forestal Panguipulli, un fundo poseedor de las reservas forestales más ricas del país, se asoció a éste y formó la Sociedad Ganadera y Forestal Martell Ltda. Luego fue el turno de una nueva sociedad la Compañía de Inversiones Agroforestal FRAJ Limitada, junto a Alberto Reyes y Ramiro Soffia. Ésta ganó una licitación de 11 mil hectáreas pertenecientes a la Conaf, organismo presidido por Ponce pocos años atrás.
 
El trabajo paralelo público y privado no fue en vano. Como se dijo, logró contactos que le sirvieron en los años pasivos que tuvo luego del escándalo que lo sacó de esfera pública. Entre 1983 y 1987 el ex yerno de Pinochet ocupó ésta red para beneficiar sus negocios. Creó la Sociedad Ganadera Monasterio con su hermano Eugenio Ponce y su amigo antiguo amigo Carlos Stutz. Esto gracias a un préstamo de 15 mil UF de la Corfo, que consiguió en tiempo record.
 
Su fortuna volvió a aumentar explosivamente y la Corfo le dio un nuevo préstamo a la sociedad: 917 millones de pesos. Esta gran suma fue concedida con extremas facilidades de pago. Sin embargo Ponce arregló el asunto para pagar con terrenos -sobrevalorados por la Corfo-, con ganado enfermo y justificando una supuesta mala situación financiera. Más aún, La Corporación de Fomento había accedido para que el pago se iniciara en 1987, pero Ponce realizó el traspaso mencionado recién un año después.
 

 

SQM Y SUPUESTO FINANCIAMIENTO IRREGULAR DE LA POLÍTICA

SQM está siendo investigada por el Ministerio Público, al igual que Empresas Penta, por presunta emisión de boletas ideológicamente falsas que habrían servido para financiar irregularmente algunas campañas políticas de personeros de casi todo el espectro político chileno.

En enero de 2015 el fiscal Carlos Gajardo allanó las oficinas de esta compañía y la información encontrada le permitió querellarse en contra el ex subsecretario de Minería de Sebatián Piñera, Pablo Wagner (en prisión preventiva por cuatro meses mientras dure la investigación), y su cuñada, María Carolina de la Cerda, por eventual delito tributario.

Dicho trámite judicial le abrió las puertas a los fiscales para obtener la información contable de la empresa del ex yerno de Pinochet entre 2009 y 2014. Pero el SII reingresó la querella acotándola a solo un mes, julio del 2009. A pesar de esa decisión, el equipo de Gajardo logró elaborar una lista con 19 Rut sospechosos de emitir boletas falsas para financiar campañas políticas. Ahí aparecieron una asesora del PS Fulvio Rossi, varios militantes DC y dirigentes regionales de la UDI.

De acuerdo a una investigación publicada por El Mostrador el 23 de febrero de 2015, los movimientos internos de la Fiscalía despertaron sospechas, pues a mediados de ese mes el Ministerio Público decidió trasladar la arista SQM a la Fiscalía Centro Norte a cargo de Andrés Montes (hijo del senador Carlos Montes), y dejar el Caso Penta directamente en las manos de Alberto Ayalarelegando a Carlos Gajardo a un segundo plano.

A partir de este hecho, se comenzaron a multiplicar las voces que cuestionaron que el cambio se produjo justo cuando el escándalo del financiamiento irregular de campañas políticas empezaba a salpicar a la Nueva Mayoría. En ese contexto, periodistas del citado medio electrónico revisaron un informe que envió SQM al Servicio de Impuestos Internos, donde revela los Rut de 240 personas que le emitieron boletas en 2010. 

Sin embargo, en una situación inédita desde la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, el 24 de febrero de 2015 se resolvió que el fiscal nacional Sabas Chahúan sea quien asuma toda la investigación del Caso Penta, luego de que la semana anterior se resolviera la desagrupación de la causa por delitos tributarios e irregularidades en el financiamiento de campañas políticas.

El fiscal nacional confirmó al equipo para trabajar en la indagatoria, compuesto por los fiscales de la unidad de delitos de alta complejidad oriente, Pablo Norambuena y Carlos Gajardo, además del fiscal occidente Emiliano Arias.

 

EL INFORME DEL SII

En este contexto, periodistas de El Mostrador revisaron un informe que envió SQM al Servicio de Impuestos Internos, donde revela los Rut de 240 personas que le emitieron boletas en 2010. 

En el Servicio explicaron en el reportaje que todas las empresas, terminado un año tributario, deben hacer llegar esa información, y que esta da cuenta de los montos retenidos por cada boleta, lo que equivale al 10% del total facturado. El informe, que está en las carpetas investigativas del Caso Penta, revela que al menos 39 personas allegadas a campañas políticas facturaron a la empresa de Ponce Lerou en un año de segunda vuelta presidencial y de pago de las deudas que dejaron las campañas parlamentarias.

El análisis de los datos reveló varias sorpresas, pues se repiten varios de los nombres que actualmente investiga la Fiscalía por emitir boletas sospechosas a SQM durante julio del 2009, el único mes que se le ha permitido investigar, y se agregan otros nuevos, como varios dirigentes de la UDI, la DC, RN, asesores de Fulvio Rossi, Jaime Orpis, Juan Antonio Coloma y Joaquín Lavín. También, el informe revela millonarios pagos de la firma de Ponce Lerou a varias autoridades de Gobierno y del Poder Judicial.

Más informaciòn en perfil de SQM

 

DEJA LA PRESIDENCIA DE SQM LUEGO DE 28 AÑOS

Tras 28 años como presidente del directorio de SQM, Julio Ponce, no repostulará a la mesa directiva de la minera no metálica en las elecciones del 24 de abril de 2015 en la junta ordinaria de accionistas de SQM.
 
La decisión fue tomada tras los cuestionamientos de otros accionistas como la canadiense Potash Corp, que posee el 32% de SQM y el fondo de inversión estadounidense Sailing Stone, propietario del 15,08% de la serie B, sobre la forma como el directorio ha abordado la investigación del Ministerio Público por eventuales delitos tributarios y financiamiento ilegal de campañas políticas.
 
A mediados de abril el controlador de SQM viajó a Estados Unidos junto su hermano y director de las sociedades cascada, Eugenio Ponce; y el director de SQM, Hernán Büchi, para reunirse con inversionistas y acercar posiciones.
 
Además de la salida de Ponce se suma la de Patricio Contesse Fica, miembro de la mesa desde 2013 e hijo del cuestionado ex gerente general de la compañía, Patricio Contesse González.
 
El accionista controlador de SQM, a través de la sociedad Pampa Calichera, propuso como candidatos a la mesa directiva a Wolf von Appen, Hernán Büchi, Juan Antonio Guzmán y a Dieter Linneberg, en representación de la serie A. 
 
En tanto Potash Corp propuso a Joanne Boyes, Robert Kirkpatrick y Arnfinn Prugger, también en representación de la serie A.
 
A ellos se suma el abogado Edward J. Waitzer, propuesto por el fondo de inversión Sailing Stone que posee el 15,08% de la serie B.
 
Una vez constituido el directorio son sus integrantes los que designan al presidente y vicepresidente.
 

 

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Fuentes de Julio Ponce Lerou
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