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Carlos Cerda

22-06-1943

Abogado de la Universidad Católica de Chile. Luego de un acuerdo político, el 15 de abril de 2014 el Senado aprobó su nominación para formar parte del Máximo Tribunal por 30 votos a favor y dos abstenciones, las de Juan Antonio Coloma (UDI) y Baldo Prokurica (RN). Tras reiteradas objeciones de parte de la derecha, Cerda finalmente juró como miembro de la Corte Suprema el 04 de junio de 2014. Los legisladores de la Alianza argumentaron en el pasado que las malas calificaciones del magistrado, una marcada tendencia política y “odiosidades personales” no lo hacían merecedor de integrar el Máximo Tribunal de justicia del país. Cabe destacar que Cerda, un histórico defensor de los derechos humanos, investigó el caso Riggs y estuvo a punto de ser expulsado del Poder Judicial en 1986 por negarse a aplicar la Ley de Amnistía en el proceso por el Comando Conjunto.

Carlos José
Cerda
Fernández
Carlos Cerda
22-06-1943
CHILE
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Perfil

Hace años que al juez Carlos Cerda Fernández todos sus colegas le reconocían méritos de sobra para sentarse en la Corte Suprema. Sin embargo, en el año 2006 su ascenso impulsado por Ricardo Lagos careció de los votos necesarios en el Congreso. Entonces estaba a cargo de la investigación del origen de la fortuna del general Augusto Pinochet, proceso en el cual dictó cargos en contra de todos los integrantes de la familia del ex gobernante.

Cerda concitó entonces la adhesión de los veinte senadores de la Concertación, más el voto de Alberto Espina, entonces vicepresidente de Renovación Nacional. Sin embargo, el alto quórum de dos tercios exigido por la Constitución del ‘80 —25 de los 38 senadores en ejercicio— resultó en el rechazo de la propuesta. La negativa la impuso una minoría de 16 parlamentarios de derecha, entre ellos, Andrés Allamand y Evelyn Matthei.

Pero en 2014, el juez Cerda, un histórico defensor de los derechos humanos y quien estuvo a punto de ser expulsado del Poder Judicial en 1986 por negarse a aplicar la Ley de Amnistía en el proceso por el Comando Conjunto, tuvo una nueva oportunidad de integrar el máximo tribunal del país.

Así lo informó la ministra Gloria Ana Chevesich el 24 de marzo de 2014 cuando dio a conocer los nombres entre los que la Presidenta de la República Michelle Bachelet eligió como nuevo integrante del máximo organismo judicial del país y cuya designación fue ratificada por el Senado el 15 de abril por 30 votos a favor y dos abstenciones, las de Juan Antonio Coloma (UDI) y Baldo Prokurica (RN). 

 

JURA COMO MINISTRO

Finalmente el 4 de junio de 2014, el magistrado juró como nuevo miembro del máximo tribunal del país, esto en medio de aplausos de sus pares y decenas de funcionarios del Poder Judicial y familiares de víctimas, quienes se apostaron afuera del salón de honor, donde se realizó la ceremonia.

Al asumir el magistrado prometió "contribuir a que la verdad brote jurisdiccionalmente en esta tierra".

Por su parte, el presidente del Máximo Tribunal, Sergio Muñoz, dio la bienvenida al juez Cerda y destacó su carrera profesional y académica,

"Es un hombre de derecho que nació para ser juez", dijo Muñoz, quien agregó que a sus casi 50 años de servicio, "hay un apego y constante lucha con los derechos de todas las personas".

 

TRAYECTORIA

Según el Libro Negro de la Justicia Chilena de Alejandra Matus, Carlos Cerda "entró al Poder Judicial como oficial de secretaría en el Cuarto Juzgado Civil de Santiago -cuando el titular era Guillermo Navas- gracias a una gestión del ministro de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre, y de su profesor en cuarto año de Derecho, Ricardo Gálvez. Apenas ingresó oficialmente al Poder Judicial, la Corte Suprema aprobó que se fuera en comisión de servicios a la Universidad de Lovaina, Bélgica, donde obtuvo el grado de doctor especial. Su tesis se tituló: "El juez y los valores jurídicos".

Trabajó en el Primer Juzgado de Santa Cruz entre 1968 y 1974. Ese año se inició como abogado relator de la Corte de Apelaciones de Santiago, y, en 1979, de la Corte Suprema. En 1983 pasó a ser ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, de la que fue su presidente entre los años 2002 y 2003. Es doctor en derecho de las universidades Católica de Lovaina, Bélgica, y Paris II, Francia.

 

EL CASO DEL COMANDO CONJUNTO

Con 71 años y 49 en el Poder Judicial, Carlos Cerda tuvo a su cargo varias causas de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. "En 1983, se incorporó a la Corte de Apelaciones de Santiago y ese mismo año asumió la investigación por la desaparición de 13 dirigentes comunistas desde 1976. El ministro Rubén Galecio no había podido hacerse cargo del caso, por razones de salud, y tampoco avanzó el juez que lo tomó en primera instancia, Aldo Guastavino, porque dio crédito a informes gubernamentales que afirmaban que los desaparecidos habían salido a Argentina" señala Matus en su libro que fue confiscado en 1999 un día antes de su lanzamiento y ella acusada por el ministro de la Corte Suprema, Servando Jordán, del delito de "desacato".

La periodista agrega en su publicación que "día y noche, sábados y domingos, Cerda investigó. Desatendió las amenazas que se le hacían (especialmente de quedar en las listas negras al interior del Poder Judicial) y se constituyó en centros de detención y tortura. El juez descubrió que eran falsos todos los informes sobre la salida del país de las víctimas. Que, en realidad, habían sido secuestrados por un grupo especial que dirigía la Fuerza Aérea, conocido luego como el Comando Conjunto, en competencia con la DINA por el control de la 'inteligencia antisubversiva'.

Tres años más tarde, el 14 de agosto de 1986, cuando el expediente sumaba ocho mil fojas, el magistrado dictó el auto de procesamiento de 40 personas, entre ellas 38 miembros de las Fuerzas Amadas y de Orden, incluyendo al ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh.

Las resoluciones provocaron un terremoto al interior del Gobierno. Hubo reuniones en La Moneda, en el Ministerio de Defensa y en cada una de las ramas implicadas, para buscar la manera de enfrentar la situación. El ex agente se querelló contra el ministro y autoridades militares se quejaron por el interrogatorio.

Desde el Gobierno los procesados recibieron la sugerencia de presentar recursos de queja para que la causa "subiera". El 6 de octubre de 1986, la Segunda Sala, con los votos de Enrique Correa Labra, Marcos Aburto, Estanislao Zúñiga y Hernán Cereceda, dejó sin efecto las encargatorias de reo y ordenó a Cerda sobreseer definitivamente el caso por aplicación de la Ley de Amnistía.

Cerda Fernández, en una decisión inédita, envió un oficio a sus superiores comunicándoles que no cumpliría sus deseos, pues, de acuerdo con el artículo 226 del Código Penal, los magistrados no están obligados a acatar una orden evidentemente contraria a la ley. "En mi modesto concepto, sobreseer en este momento en razón de la Ley de Amnistía es a todas luces contrario a derecho (...) por eso suspendo la orden que me han dado mis superiores".

"Pero la Corte Suprema no estaba en ánimo de aceptar el principio de 'obediencia reflexiva' (...) El 9 de octubre castigó a Cerda con dos meses de suspensión, bajo el cargo de "alzarse y discutir resoluciones judiciales" y de "desconocer absolutamente sus obligaciones y faltar gravemente a la disciplina judicial". En ausencia de Cerda, Manuel Silva Ibañez debió dictar el sobreseimiento del caso".

Alejandra Matus señala en su publicación que al finalizar 1986, después de la suspensión, el ministro Cerda Fernández, fue calificado en Lista Tres y quedó al borde de la expulsión por haberse negado a dictar el sobreseimiento en el proceso contra el Comando Conjunto, que su colega aplicó tan diligentemente durante su ausencia.

La batalla en el caso de los 13 desaparecidos no terminó, señala la autora. "Los familiares de las víctimas presentaron recursos de queja para tratar de enmendar el rumbo del proceso. La Corte Suprema no aceptó sus argumentos y en agosto de 1989 reiteró su opinión acerca de que correspondía archivar para siempre el caso. Como resultado, y puesto que no quedaban recursos pendientes, la Corte de Apelaciones ordenó dictar el "cúmplase" del cierre definitivo de la causa.

Cerda Fernández, Carlos contaba ahora con la incorporación a la Constitución de los pactos internacionales de protección a los derechos civiles y políticos y nuevas condiciones políticas en el país que, tras el plebiscito del 5 de octubre de 1988, se preparaba para cambiar de Gobierno. En vez de dictar el cúmplase, Cerda archivó el expediente temporalmente, lo que dejaba el caso durmiendo sólo hasta que un nuevo antecedente obligara a reactivarlo (...)

La osadía de Cerda pasó sin reparos hasta el año siguiente. A mediados de 1990, sin embargo, los ministros del máximo tribunal fueron advertidos de que el cúmplase en el caso del Comando Conjunto seguía pendiente y ordenaron a Cerda acatar la resolución. El magistrado, sin encontrar acogida a sus planteamientos, obedeció esta vez, y el 20 de julio cerró para siempre la causa.

En enero de 1991, como se acercaba el período de las calificaciones, la mayoría de los magistrados se apresuró en dictar una sanción contra Cerda, que sirviera de precedente para su posterior evaluación. El 16 de enero, un pleno convocado extraordinariamente lo castigó con dos meses de suspensión, durante los cuales recibiría sólo la mitad del sueldo.

Para diez de los 14 magistrados que asistieron, la renuencia de Cerda había constituido "un desconocimiento absoluto de sus obligaciones y una gravísima falta a la disciplina judicial", que se veía agravada por el hecho de haber sido sancionado en 1986 por similar razón. En la minoría, Marcos Aburto y Marco Aurelio Perales votaron por sancionarlo solamente con una amonestación escrita. Rafael Retamal y el recién llegado Roberto Dávila estimaron que cabía apenas "observar" al ministro su omisión.

Sólo unos días más tarde la Corte Suprema se reunió nuevamente para hacer las calificaciones anuales. Con la suspensión como precedente, nueve ministros votaron por poner a Cerda en Lista Cuatro. Aunque la votación fue dividida -cuatro magistrados querían dejarlo en Lista Tres y un par más probablemente Retamal y Dávila, en Lista Dos- con ese dictamen Cerda quedaba fuera de la judicatura.

El magistrado regresaba de un viaje a Estados Unidos cuando fue notificado de la sanción. Ante el asombro de quienes lo conocían, en vez de tomar sus cosas y marcharse, pidió a la Corte Suprema que reconsiderara la medida. Aunque no se retractó de sus actuaciones, redactó una emotiva súplica a sus superiores, para que lo mantuvieran en el servicio. Luego, pidió audiencias a cada uno de ellos. Cerda buscó dejarles en claro que nunca pretendió alzarse por sobre sus investiduras, pues sabía que era la arrogancia que sus superiores veían en sus actos lo que más les molestaba.

En opinión de muchos, Cerda Fernández, se estaba humillando, pero el ministro no se detuvo ante las críticas de sus admiradores. Pidió perdón -"un perdón muy sincero. Intimo. Profundo"- y suplicó:

"Tal vez soy distinto. A lo mejor, difícil. A vuestros ojos, probablemente altanero y algo más. Pero si hay en el Poder Judicial espacio para un juez así, es decir, que no puede dejar de ser como es y que quiere con todo su ser continuar en la institución, os suplico hagáis todo lo que esté de vuestra parte por reconsiderar vuestra decisión".

Con su presentación, el ministro logró dos votos en el nuevo pleno extraordinario que declaró, por 9 contra 7, que Cerda podía permanecer en el Poder Judicial, aunque con la mancha de haber quedado en Lista Tres por segunda vez en su vida. De paso, el mensaje de que la Corte Suprema no aceptaría actos de insubordinación aun bajo el nuevo escenario político fue claramente oído en el resto de la magistratura. También, el concepto de que debía aplicarse Amnistía a los casos por violaciones a los derechos humanos, justo cuando comenzaban a reactivarse.

Al volver de su castigo, Cerda Fernández, asumió como presidente de la Corte Marcial, por un año. En 1992, reemplazó por un mes a Luis Correa Bulo en la investigación del secuestro de Cristián Edwards y, paradójicamente, mientras tuvo el proceso en su poder, dio garantías de acusiosidad e independencia a todos los involucrados, especialmente a Agustín Edwards, quien estaba descontento con la forma en que los tribunales estaban enfrentando la situación. Cerda fue designado también ministro en visita por el caso de malversación de fondos en la Oficina Nacional de Emergencias, Onemi, y procesó a los funcionarios de Gobierno que la dirigían.

 

OTROS CASOS EMBLEMÁTICOS

Cerda, además, en 1987 junto al ministro José Cánovas acogió un recurso de amparo interpuesto en favor de 117 mujeres vinculadas a la UP, quienes tenían prohibición de ingreso al país, incluidas Hortensia Bussi e Isabel Allende.

Sin embargo, el caso que más irritó a la derecha fue su indagación contra la familia Pinochet, donde dictó más de 20 órdenes de detención, en el marco del Caso Riggs.

Definido como un juez valiente e independiente, su fuerte carácter lo llevó a sostener una dura disputa con su padre agricultor: como juez subrogante cuando se desempeñaba en Rancagua dictó una orden para que su progenitor recontratara a un campesino, al que había echado por faltar una semana sin explicación. La decisión fue revertida gracias a gestiones del abogado y luego diputado, Maximiano Errázuriz.

A fines de los 90, para malestar de los parlamentarios de la Concertación y de algunos de Renovación Nacional- señala Matus en su libro- "presidió la sala que liberó de responsabilidad a Francisco Javier Cuadra, en el requerimiento que presentó el Senado en su contra, por sus declaraciones acerca de parlamentarios que consumían cocaína. Cerda redactó el fallo que revocó el auto de procesamiento que había sido dictado por el ministro sumariante Rafael Huerta. Luego tuvo que defender su voto, el de Juan Guzmán y Gloria Olivares, ante los recursos de queja que interpusieron los prestigiosos abogados Luis Ortiz Quiroga, Nelson Contador y Alfredo Etcheberry (en representación de la Cámara de Diputados, Renovación Nacional y el Senado, respectivamente). Lo menos que dijeron los profesionales es que los tres ministros estaban violando la ley y hasta alejándose de la racionalidad con el fin de absolver al ex ministro del general Pinochet".

Cerda investigó también las irregularidades cometidas por la ex magistrada del Quinto Juzgado de Menores de Santiago, María Angélica Grimberg, más conocida como la “jueza express”.

 

EL ESTILO DE CERDA

En "La Vara con que mides”, subtítulo del capítulo I, del "Libro Negro de la Justicia Chilena", Alejandra Matus da cuenta sobre el caracter y el estilo de este notable y erudito juez, que además, según la periodista "tiene la mejor pluma del Poder Judicial".

"El ministro Carlos Cerda Fernández en la Corte de Apelaciones de Santiago, viste sobrios trajes y usa lentes de grueso marco negro sobre sus ojos achinados. Parece profesor de castellano de algún liceo fiscal. No se adivinan en su aspecto ni su inteligencia ni su rigor intelectual. Pero basta leer el más trivial de sus fallos para advertirlos. No sólo por la profundidad de sus reflexiones, sino por su envoltura, propia de un escritor de talento y agudo sentido de la ironía.

Cerda no acepta alegatos de pasillos, coimas, ni invitaciones que comprometan su juicio. Pero tampoco se aísla del mundo en que vive. En su opinión, el magistrado debe ser abierto, políticamente responsable de sus actos, creativo, audaz, auténtico y humano: 'El juez hosco, el encerrado, el enquistado, el huraño, el solitario, el apartado, el oscuro, estará impedido de legitimar su discurso en el consenso, pues éste le será ajeno y cuando no, entonces, peligroso'.

Cerda es valiente. Y ha demostrado que su independencia resiste la más dura de las pruebas, incluso la comidilla de sus propios colegas que resurge cada vez que se pregunta por qué el ministro no ha sido incluido en una quina para integrar la Corte Suprema. "Cerda no va a llegar nunca arriba... Está complicado en su situación personal... además es conflictivo", responden entre ambiguos y misteriosos algunos de sus pares", consigna el libro que trata sobre las irregularidades del Poder Judicial Chile y por el que la autora, acusada por delito de "desacato", decidió exiliarse en Estados Unidos, donde recibió asilo político. Este caso fue el antecedente para que el artículo del "desacato" fuese derogado con la Ley de Prensa, firmada el 25 de mayo de 2001, tras lo cual Alejandra Matus regresó a Chile. A pesar de la dictación de la ley, la prohibición del libro continuó hasta octubre de 2001, cuando la Corte de Apelaciones levantó la restricción de su circulación.

 

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