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Gobierno de Michelle Bachelet 2014-2018

Michelle Bachelet asumió su segundo mandato presidencial el 11 de marzo de 2014, en la ceremonia de cambio de mando realizada en las dependencias del Congreso Nacional, donde le fue entregada la banda presidencial por Isabel Allende, hija de Salvador Allende. En su primer año de gobierno, analistas realizaron un balance el cual estuvo marcado por las reformas estructurales que la administración de la Nueva Mayoría presentó en marzo de 2014: Tributaria, Educacional y cambio al binominal, y por los escándalos de los llamados casos Penta y Caval, que han sacudido a la clase política en general, y que representaron una compleja prueba para el Gobierno durante 2015.

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Gobierno de Michelle Bachelet 2014-2018
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Perfil

El 11 de marzo de 2014 Michelle Bachelet vistió por segunda vez la banda presidencial  ante el Congreso pleno. La Presidenta llegó al Palacio de La Moneda con un programa de gobierno en el cual se proyectaban tres reformas estructurales que debían ser los ejes de su administración: Las reformas tributaria, educacional y una nueva Constitución.

 

PRIMER AÑO DE GOBIERNO

Durante el primer año de su gobierno, de estas tres medidas, la Reforma Tributaria fue aprobada en septiembre de 2014, luego de un complejo proceso que incluyó una transformación importante de la iniciativa en el Senado, después que en la Cámara se aprobara sin grandes matices con respecto de lo enviado por el Ejecutivo, y la recordada “cocina” en la cual, con la intervención del senador (DC) Andrés Zaldívar, y el ex ministro de Economía de Sebastián Piñera, Juan Andrés Fontaine, entre otros, se llegó a un consenso en materias como la regulación de las rentas atribuidas, y los cambios en el FUT.

En materia educacional hubo avances en cuanto a las demandas del movimiento estudiantil, como la inminente eliminación del DFL-2, o la aprobación del proyecto que pone fin al lucro, selección y copago.

El cierre de 2014 se mostraba auspicioso para el gobierno de Bachelet. Su equipo de gobierno asistía con optimismo al cierre del año legislativo y la aprobación de un conjunto de iniciativas por parte del Congreso Nacional que permitían cerrar el primer año de gobierno mostrando victorias concretas: a la incorporación del voto de los chilenos en el exterior, la promulgación de la ley de inclusión en educación y la aprobación del acuerdo de unión civil se sumaban señales de recuperación de los niveles de adhesión ciudadana tras un complejo primer año de gobierno y una instalación dificultada por las diferencias al interior de la Nueva Mayoría.

Paralelo a ello, la oposición -y en especial la UDI- pasaba por difíciles momentos, marcados por la apertura del caso Penta, una arista judicial que investigaba mecanismos de financiamiento irregular e ilegal a sus candidatos, y la filtración a los medios de comunicación de un cúmulo de comunicaciones entre dirigentes y candidatos con directivos de uno de los grupos económicos más importantes del país, solicitándoles directamente dineros para cubrir gastos de campaña.

A los niveles de desafección que ya había acumulado la derecha política en su paso por el gobierno, se sumaba ahora la poco decorosa y demasiado directa vinculación con el poder económico, vinculación que adquiría ribetes delictuales cuyo alcance fue profusamente divulgado en los medios, y concienzudamente investigado por los fiscales.

 

CASO CAVAL

Sin embargo todo cambió a partir del mes de febrero. Los eventos se aceleraron dramáticamente, una vez que la revista Qué Pasa informó acerca del caso Caval.

Este es uno de los problemas más graves que ha debido enfrentar la administración Bachelet. Donde está involucrado su hijo, Sebastián Dávalos, junto a su señora, Natalia Compagnon, por el crédito de $6 mil 500 millones que solicitaron al Banco de Chile, para comprar unos terrenos en la comuna de Machalí, y luego revenderlos en $9 mil 500 millones, a la espera de que cambiara el Plan Regulador de la comuna, y que fuera entregado por intercesión del vicepresidente de la institución, Andrónico Luksic.

A partir de esa fecha, la popularidad de la presidenta se desplomó, alcanzando límites históricos solo comparables con los peores momentos de la administración Piñera durante la crisis del año 2011.

Junto a ello, las investigaciones referidas al financiamiento a la actividad política se ampliaron a otros grupos económicos, y alcanzaron finalmente a organizaciones y dirigentes políticos y gubernamentales de la coalición oficialista, convirtiendo los escándalos del año 2014 en una crisis cuyos efectos se han extendido a toda la institucionalidad política.

 

CAMBIO DE GABINETE

El 30 de diciembre de 2014 se produce la primera renuncia al gabinete, por parte de la entonces ministra de Salud Helia Molina, tras las críticas que recibió por sus declaraciones en el vespertino La Segunda sobre la práctica de abortos en sectores socioeconómicos altos.

El 6 de mayo de 2015, Michelle Bachelet anunció en una entrevista en vivo con Mario Kreutzberger, para Tele13, que ese día solicitó poner a disposición de sus cargos a todo el gabinete, y se fijó un plazo de 72 horas para decidir qué ministros serían removidos de sus cargos.

Al día siguiente ratificó al canciller Heraldo Muñoz quien se encontraba en La Haya encabezando la representación de Chile ante la Corte Internacional de Justicia por la controversia marítima con Bolivia.

El primer cambio de gabinete se realizó el 11 de mayo, donde hubo cambios en 9 ministerios. Dentro de estos destacaron las salidas de Rodrigo Peñailillo, Alberto Arenas y Álvaro Elizalde.

 

“REALISMO SIN RENUNCIA”

Con Rodrigo Peñailillo, su ministro del Interior destituido, la Presidenta inauguró la era del “realismo sin renuncia”, artefacto retórico surgido del segundo piso de La Moneda que difícilmente ha logrado ocultar lo que ya a estas alturas parece un hecho objetivo: la agenda reformista del gobierno de Bachelet ingresó a una etapa de congelamiento definitivo.

Bachelet admitió en julio de 2015 que no dimensionaron que el Estado no estaba preparado para las reformas comprometidas y que estas generaron incertidumbre en la ciudadanía, lo que se reflejó en la pérdida de respaldo que muestran las encuestas.

"Es cierto de los cambios que hemos liderado en esta primera etapa han sido complejos, principalmente por su carácter institucional y de largo plazo, y los costos en términos de apoyo ciudadano a las reformas son evidentes y cualquiera puede mirar lo que dicen las encuestas", reconoció.

Agregó que "la segunda dificultad proviene de una desaceleración económica que se ha mostrado más larga y profunda de lo que se ha mostrado, los recursos fiscales se han visto limitados".

"La tercera dificultad radica en nuestro déficit de gestión en la marcha de las reformas. Debemos reconocer que la administración estatal no estaba totalmente preparada para procesar cambios estructurales simultáneamente. Es parte de los obstáculos que hemos heredados y, tal vez, los subestimamos", aseveró.

 

MEDIDAS APROBADAS EN 2015

En cuanto a otras medidas que se aprobaron en el transcurso de 2015, una de las más importantes fue el cambio del sistema electoral Binominal, por uno proporcional corregido, el cual si bien generó algunas críticas, en general se reconoció que es una mejoría con respecto a lo que había antes.

Bajo el sistema binominal se elegía a dos representantes por cada distrito o circunscripción. Para que una lista obtuviera los dos escaños debía sumar más del 66 %, lo cual resultaba bastante improbable; sin embargo, con sólo un 33 %, la segunda lista más votada conseguía la misma representación que la primera.

Asimismo, en marzo de 2015 se anunció la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que viene a reemplazar al Sernam.

"El 2015 no ha sido fácil, lo sabemos. Pero a pesar de las dificultades y las pruebas que hemos atravesado, logramos hacer cambios que mejorarán la vida de millones de chilenas y chilenos", señaló Bachelet en un mensaje a través de una cadena nacional voluntaria de radio y televisión.

La presidenta destacó los hitos de su administración como es la ley de inclusión, uno de sus proyectos emblemáticos de su programa.

También recordó que su país terminó con el lucro en la educación primaria y secundaria, el copago y la selección en los recintos educacionales, a la que se suma la ley corta de gratuidad que permitirá a unos 180 mil estudiantes de 30 universidades adscritas al nuevo sistema estudiar sus carreras de nivel superior sin costo.

"Pienso en los jóvenes estudiantes que iniciarán sus estudios superiores sin tener que endeudarse, porque hace unos pocos días logramos dar el primer paso en la gratuidad en la educación superior; pienso en las parejas que hoy ven fortalecidos sus derechos y libertades con el Acuerdo de Unión Civil", recalcó.

La presidenta Bachelet también hizo presente que en 2015 le puso freno a la corrupción, los abusos y las malas prácticas en la política y los negocios "con las leyes que hemos ido aprobando de la Agenda de Transparencia".

Finalmente, se comenzó a analizar la reforma a la nueva Constitución, una demanda crucial para muchos partidos que conforman la Nueva Mayoría, y en la cual existen discrepancias al interior del oficialismo sobre el mecanismo a través del cual se redactará la nueva carta fundamental, a través del Congreso ya establecido, o con el establecimiento de una Asamblea Constituyente.

"Además, hemos dado inicio al proceso que nos llevará a elaborar juntos una nueva constitución que esté a la altura del país que merecemos", enfatizó.

La Constitución chilena actual data de 1980, impuesta en plena dictadura militar por Pinochet (1973-1990), y sufrió sólo algunas modificaciones durante el Gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006).

 

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