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Sociedad Caval Limitada

Empresas cuya propiedad corresponde en un 50% a Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet y al relacionador público Mauricio Valero, su representante legal y dueño del otro 50%. La empresa se hizo conocida por dos controversias, la primera ocurrida a fines de 2012 cuando adquirió 4 automóviles Lexus avaluados en cerca de $ 30 millones cada uno, que ocupaban sus dos socios y el hijo de la presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos; y la segunda, destapada en febrero de 2015 cuando Sergio Bustos, ex trabajador de la compañía, dio una entrevista a revista Qué Pasa contando los detalles de la demanda laboral entre él y la firma. Explotando el llamado Caso Caval cuando dio a conocer el excepcional crédito de $ 6.500 millones que el Banco de Chile, de propiedad de Andrónico Luksic, le otorgó a esta sociedad para comprar tres terrenos en Machalí que se valorizarían con el cambio al plan regulador de la región. Préstamo que fue aprobado el 16 de diciembre de 2013, un día después del triunfo de Michelle Bachelet en segunda vuelta. Con este negocio Caval ganó $2.500 millones por la venta de los terrenos a la inmobiliaria Ruta 68. El hecho, ha sido calificado por por algunos como “tráfico de influencias” y provocó la renuncia del hijo de la Presidenta al cargo de Director Sociocultural de La Moneda. En tanto, Luis Toledo, fiscal a cargo de este caso, ingresó el 30 de diciembre de 2015 la solicitud de formalización tras las indagatorias para nueve personas y para la empresa Caval. Los imputados serán Mauricio Valero, Herman Chadwick, Juan Díaz Sepúlveda, Jorge Silva, Marisol Navarrete, Cynthia Ross, Pablo Ovalle, Daniel Huerta, Andrés Orchard y Sociedad Gestión Caval. Dejando de esta forma fuera al hijo de la presidenta Bachelet y a su esposa.

Empresa Privada
Sociedad Caval Limitada
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Perfil

Sociedad que fue constituida el 3 de febrero de 2012 con un capital de $ 6 millones por Natalia Compagnon (esposa de Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Michelle Bachelet) y Mauricio Valero. Según indica el Diario Oficial, entre sus giros tiene “la representación de empresas nacionales o extranjeras, la intermediación, asesorías y consultoría de negocios así como la inversión de toda clase de bienes raíces o muebles”. La empresa se hizo conocida a fines de ese año cuando adquirió 4 automóviles Lexus avaluados en cerca de $ 30 millones cada uno, que ocupaban sus dos socios y el hijo de la presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos.

En marzo de 2013, Dávalos explicó en entrevista a Qué Pasa que Caval “es una empresa de gestión de negocios, funciona básicamente como una consultora. Por un lado, desarrolla proyectos por encargo, y por otro lado, lo que hace es representar a empresas más chicas que a veces no pueden, por el tamaño o por falta de contactos, llegar a los mercados que les interesan, y eso pasa mucho en Chile. Nosotros tenemos un pool de empresas nacionales que tienen interés de meterse en mercados específicos y han tocado varias puertas y no los han tomado en cuenta”.

 

SOCIOS

Una de sus socias Natalia Compagnon (31 años) estudió Ciencias Políticas en la Universidad Central, donde conoció en 2003 a Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Bachelet y ex director de área sociocultural de La Moneda. Ambos se casaron en octubre de 2012.

En enero de 2007 constituyó junto al académico y empresario Yun-Tso Lee Cheng la sociedad Comercial, Inversiones & Consultorías Asia Pacific Brokers Limitada (Inversiones APB Ltda.). Dos años más tarde, en febrero de 2009, creó la sociedad Barona, Rogers & Compagnon Limitada, junto a Steve Rogers Garrido y Ricardo Barona Osorio. Casi paralelamente a la inscripción de Caval, en marzo de 2012 Compagnon –en sociedad con su entonces pareja Sebastián Dávalos– constituyó Compagnon y Dávalos S.A. (D&L Group S.A.). Meses más tarde, en agosto del mismo año, creó junto a su madre, Margarita Soto Acevedo, Inmobiliaria e Inversiones San Lucas S.A. La sociedad fue inscrita a los pocos días de que su socio en Caval, Mauricio Valero, hiciera lo propio con su nueva sociedad inmobiliaria (FVM S.A.), también de carácter familiar.

A mediados de 2013, informes del Banco Santander a los que tuvo acceso el Ciper sitúan el patrimonio personal de Natalia Compagnon en $172 millones. Esta entidad consideró para este cálculo patrimonial un departamento en Santa Victoria N° 360, del que es propietaria en un 50%, y que fue avaluado en $45 millones y otro departamento en el quinto piso del Edificio Crucero en San Alfonso del Mar (Algarrobo, Quinta Región) avaluado en $150 millones. Al momento de emitirse el informe, ambas propiedades ya estaban pagadas. El cálculo del Banco Santander no consideró el capital social de Natalia Compagnon en Caval.

Por su parte, Mauricio Valero (45 años), estudió en la Escuela Nacional de Relaciones Públicas y luego cursó un MBA en la Universidad del Desarrollo. Antes de crear Caval trabajó 10 años en la empresa de computación Tech Data Chile, de la cual llegó a ser director ejecutivo.

A mediados de 2013, informes del Banco Santander a los que tuvo acceso el Ciper sitúan el patrimonio personal de Mauricio Valero en $319 millones.

En su caso la entidad sí consideró su participación accionaria en Caval y también en Inmobiliaria e Inversiones FVM S.A.: cada una fue avaluada en $6 millones. Además, el banco le asignó un patrimonio de $319 millones (incluidos los $12 millones de sus sociedades personales), en el que figuran un departamento y una bodega en calle Maturana 111 (Santiago), avaluados en $26,5 millones; un departamento en Ñuñoa avaluado en $97 millones; una oficina en Providencia con valor comercial de $22 millones; y un terreno en el centro Marina Golf de Rapel (Sexta Región), por $30 millones. El cálculo consideró también un vehículo Suzuki SX4 del 2013, una lancha Monterrey 194FS y una moto de agua Yamaha, bienes avaluados en $36 millones.

 

"PROYECTO MACHALÍ"

En febrero de 2015 cayó como balde agua fría en el bacheletismo la noticia sobre un excepcional crédito por $ 6.500 millones que el Banco de Chile, de propiedad de Andrónico Luksic, le otorgó a esta sociedad para comprar tres terrenos en Machalí que se valorizarían con el cambio al plan regulador de la región. Préstamo que fue aprobado el 16 de diciembre de 2013, un día después del triunfo de Michelle Bachelet en segunda vuelta. La oposición no tardó en calificar el hecho de “tráfico de influencias”.

 

INTERROGANTES Y METEÓRICO ASCENSO

Una de las interrogantes que quedan de este polémico negocio es el que señala Ciper en un reportaje publicado el 26 de febrero de 2015 y tiene que ver con cómo la pequeña empresa Caval, creada a comienzos de 2012 con un capital de solo $6 millones, pudo obtener en diciembre de 2013 un crédito bancario por $6.500 millones, más de mil veces su patrimonio inicial.

El mismo medio da cuenta que entre los documentos de Caval hay una tasación firmada por una arquitecta, sobrina del vendedor del predio, que a su vez trabajó en el municipio para cambiar el Plan

Documentos obtenidos por Ciper dan cuenta que Caval tuvo en 2012, en sólo un año de funcionamiento, un crecimiento fulminante. Cuando a mediados de 2013 sus dueños –a los que se sumaron asesores externos– golpearon las puertas de distintos bancos para conseguir el préstamo que les permitiera adquirir los codiciados paños Santa Elena, Santa Cecilia y San Diego, ubicados estratégicamente en la comuna de Machalí, Caval exhibía un estado de resultados con más de $1.500 millones de ingresos.

Con su pequeño capital inicial de $6 millones, la recién creada Exportadora y de Gestión Caval Ltda. logró ventas de servicios profesionales exentas de IVA por $1.531, 4 millones , vale decir que por cada peso de capital generó otros $250 en ingresos, señala Ciper.

Y agrega que solo entre junio y agosto la empresa recibió $1.200 millones, lo que permitió que al 31 de diciembre, Natalia Compagnon tuviera depositados en su cuenta corriente $221.605.621 y Mauricio Valero otros $168.691.428 en la suya.

 

EN PICADA

Sin embargo, en 2013 las ventas bajaron en picada. Apenas $83,4 millones en ingresos y sólo en remuneraciones se pagaron $178 millones. Fue en ese periodo que Caval aceleró las gestiones bancarias para conseguir un crédito con el cual comprar los terrenos de Machalí. Ese año la empresa en vez de pagar impuestos tuvo saldo a favor y el Fisco le devolvió $14,7 millones.

A mediados de 2013, informes bancarios a los que tuvo acceso el centro de investigación sitúan el patrimonio personal de Natalia Compagnon y el de Mauricio Valero en $172 millones y $319 millones respectivamente. Los informes fueron realizados por el Banco Santander en agosto de 2013.

Pero en 2014, las ventas de Caval no mejoraron. Entre enero y julio la empresa sólo tuvo ingresos por $62 millones. Una curva descendente muy parecida a la del decaído 2013. Para entonces la concreción del “Proyecto Machalí” se convirtió en urgente.

 

LA SALVACIÓN: EL CAMBIO DEL PLAN REGULADOR

Pero el Ciper en su investigación logró dar con una conexión desconocida: entre los documentos de Caval hay una tasación firmada por una arquitecta, sobrina del vendedor del predio, que a su vez trabajó en el municipio para cambiar el Plan Regulador.

La historia es la siguiente:

La Municipalidad de Machalí era donde estaban los intereses de Caval y la familia Wiesner, la dueña original de las 44,3 hectáreas. Y ello porque si se conseguía el cambio del Plan Regulador Intercomunal Rancagua-Machalí (en discusión desde 2011), el valor de dos de los terrenos que estaban a la venta, aumentaría considerablemente al pasar de uso agrícola a urbano (el tercero ya tenía la clasificación 'urbano').

El desconocido vínculo era entre la sociedad Wiesner S.A. -apurada en vender los predios para liquidar sus deudas antes de abril de 2014 y no caer en la quiebra- con la Dirección de Obras de la Municipalidad de Machalí, cuyo director, el arquitecto Jorge Silva Menares, ha sido uno de los impulsores del cambio al mencionado Plan Regulador.

En el dossier de la División Inmobiliaria de Caval donde están los antecedentes que formaron parte del “Proyecto Machalí”, se ubicó un documento clave: “Informe de Tasación terreno 44 Há. Santa Elena-Santa Cecilia-San Diego Machalí-VI Región”, referido precisamente a las propiedades que Wiesner S.A. tenía a la venta. El estudio está firmado por la arquitecta Cynthia Ross Wiesner, sobrina de Patricio Wiesner del Solar, socio y representante legal de Wiesner S.A.

El estudio de nueve páginas, con fotos y gráficos, que lleva el membrete de “Planning Group” y la firma de la profesional de la Universidad de Chile, concluye diciendo: “La Seremi MINVU (Ministerio de Vivienda) de la VI Región se encuentra tramitando una modificación a su actual Plan Intercomunal, donde se incorporan los predios San Diego y Santa Cecilia al área urbana. Para el mes de julio (2013)se planifica la aprobación de esta iniciativa en el  CORE (Consejo Regional), la que luego debe ser solo ratificada en Contraloría para ser publicada posteriormente en el Diario Oficial. Con la propuesta ‘en trámite’ las 40 há. (Santa Cecilia y San Diego) tienen un valor actual de 1 UF (el metro cuadrado) y el predio de 4 há tiene un valor comercial de 6 UF”.

Para reforzar la tasación, Ross Wiesner escribe en su informe: “Además, se incorpora la vía (camino) Santa Elena, la cual colinda con el predio Santa Cecilia por el sur, lo que hace que este terreno sea estratégico al estar conectado con dos vías de importancia (Carretera El Cobre por el norte y la vía Santa Elena por el sur)”. Y agrega: “los predios Santa Cecilia y San Diego pasarían a tener la condición de urbanos con una densidad promedio de 120 habitantes por hectárea, lo que los hace buenos paños para el desarrollo de proyectos inmobiliarios para la zona”.

El estudio realizado por la arquitecta Ross habría sido uno más del dossier de Caval de no mediar su doble condición profesional. La indagación constató que Cynthia Ross fue asesora de su tío, Patricio Wiesner, el representante legal de la empresa propietaria de los terrenos en venta y, paralelamente,  se desempeñaba como profesional de la Dirección de Obras de Machalí cuando ya estaban en curso las negociaciones entre Wiesner y Caval realizadas a través del síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín.

Cynthia Ross Wiesner, quien reside en Santiago, se incorporó a la Municipalidad de Machalí en febrero de 2013. Una de sus funciones era precisamente “realizar propuestas a futuras modificaciones al Plan Regulador Comunal y Plan Regulador Intercomunal”.

El centro de investigación solicitó a Cynthia Ross una entrevista para obtener su versión, pero no hubo respuesta. La profesional, quien era presentada por su tío Patricio Wiesner con “experiencia en planos reguladores”, trabajó desde enero de 2006 a diciembre de 2008 en el Ministerio de Vivienda.

La arquitecta recibió $500 mil durante los tres primeros meses de su desempeño en Machalí en 2013 y no se le exigió exclusividad laboral. Después, su remuneración bajó a $150 mil y en enero de 2014 subió a $380 mil, cifra que siguió vigente hasta diciembre de ese año, cuando terminó su prestación de servicios.

El contrato (14 de marzo 2013) lleva la firma del alcalde José Miguel Urrutia Celis (UDI), y allí se lee que Ross cumplirá “las funciones que el Director de Obras requiera; asesoría a la Municipalidad referida a estudios del Plan Regulador Comunal; apoyo en lo referido a las enmiendas, modificaciones y demás estudios que la Municipalidad requiera al Plan Regulador Comunal; y realizar propuestas a futuras modificaciones al Plan Regulador Comunal y Plan Regulador Intercomunal”.

La proyección que hacía Cynthia Ross de la aprobación del nuevo Plan Regulador no fue certera. Como es de conocimiento público la modificación fracasó por la negativa del actual alcalde de Rancagua, Eduardo Soto (UDI), quien exigió que previamente el gobierno comprometiera un mejoramiento de la red vial de la zona que ya había colapsado por el aumento vertiginoso de la población de Rancagua y Machalí, con tiempos de viaje casi triplicados.

 

LA VENTA

Finalmente, los predios los adquirió Caval a UF 0,6 el metro cuadrado. Un valor superior a la primera oferta de Caval de UF 0,53 y altamente satisfactoria para Weisner, quien necesitaba UF 0,40 para saldar sus deudas.

Uno de los últimos capítulos de esta historia se escribió el 5 de noviembre de 2014, cuando se cumplió el plazo otorgado a Mauricio Valero por el liquidador, el síndico Herman Chadwick, del cheque en garantía por $100 millones para asegurar la compra. Ese mismo día el cheque fue depositado y devuelto: el documento había caducado al pasar más de dos meses desde la fecha en que fue girado. De inmediato, Mauricio Valero llegó hasta la oficina del síndico con un vale vista del Banco de Chile por los $100 millones. Así aseguró la compra del predio, por el que finalmente pagaron $6.500 millones y cuya venta concretarían tres meses después en $9.500 millones, lo que les dejaría un excedente de $2.500 millones. Por su rol de prestamista, el Banco de Chile obtuvo un interés de $500 millones. El negocio quedó finiquitado el 25 de febrero de 2015 con la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de los tres terrenos a nombre de su nuevo dueño: Silca Servicios Limitada.


SUPUESTO ARREGLO EXTRAJUDICAL Y CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

El martes 24 de febrero Sergio Bustos Baquedano (68), ex trabajador de la compañía y cuya demanda laboral destapó el escándalo por el millonario préstamo del Banco de Chile afirmó que los abogados de la compañía le ofrecieron $160 millones para terminar con el litigio "extrajudicialmente", pero bajo una cláusula de confidencialidad que lo obligaba a no revelar públicamente nada referido al asunto.

Cuando la revista sacó la publicación, a los dos días me llaman y tratan de iniciar un arreglo conmigo, viajan a Talca y terminamos negociando en 160 millones de pesos para quedarme callado, retirar la demanda laboral, con un contrato de que no puedo decir nada nunca más y con una cláusula penal de pago de 5 mil UF si yo abría la boca”, aseguró a Radio ADN.

Bustos se refirió así al reportaje publicado por revista Qué Pasa el 5 de febrero de 2015, que dio a conocer los hechos en los que está involucrado el hijo de la Presidenta de la República, Sebastián Dávalos Bachelet.

El denunciante, afirmó que trabajó desde el 5 de mayo de 2013 hasta septiembre de 2014, haciendo gestiones en los bancos para conseguir la suma que permitiría la compra de los terrenos en Machalí e impulsar un negocio inmobiliario en la zona. Su sueldo sería de $4 millones mensuales, pero nunca le pagaron, por lo que decidió demandar. Luego de que el litigio salió en la prensa, abogados de Caval comenzaron las gestiones para que Bustos no siguiera entregando detalles.

“Me llama un abogado de Caval y me dice que hay un principio de acuerdo para arreglarme. Desde el viernes al domingo  en la mañana me habían entrevistado más de 30 medios de comunicación, a muchos los pude atender y salieron muchas declaraciones mías. Entonces, antes que siguiera hablando me pararon. Yo me comprometí a no hablar nada más mientras no nos reuniéramos”, afirmó Bustos.

El denunciante contó que “viajaron ellos al sur, no yo viajé a Santiago. Fueron en el Lexus de la señora Natalia, con chofer. Nos juntamos en el restaurant Los Ganaderos, a orillas del río Maule. Ahí tuvimos una larga conversación. Partieron ofreciéndome $50 millones para terminar el tema. Finalmente, después de dos horas de conversación, quedamos en 135 millones que yo no acepté. Quedé de dar la respuesta el día martes, pero la abogada tenía instrucciones de arreglar como fuera”, dijo, y en ese contexto, estuvo a punto de firmarse en una notaría de Chillán el arreglo por $160 millones, pero Bustos no detalló por qué finalmente no se concretó.

 

JUICIO LABORAL

Al día siguiente, el 25 de febrero de 2015, se realizó la audiencia de preparación de juicio oral, sin embargo la empresa no logró un acuerdo en tribunales con Bustos Baquedano (68), por lo que deberá enfrentar un juicio laboral a partir del 6 de abril.

El demandante afirma haber trabajado durante más de un año realizando tasaciones, estudios de mercado y negociaciones para la compra de los terrenos en Machalí que adquirió Caval.

También dice haber gestionado el préstamo de más de 10 millones de dólares que dio el Banco de Chile a la empresa tras una reunión de Compagnon y Sebastián Dávalos -hijo de Michelle Bachelet- con Andrónico Luksic.

Caval niega la existencia de una relación laboral y sólo reconoce servicios civiles y comerciales prestados a través de un tercero. Bustos dice, en cambio, haber tenido una relación de dependencia y numerosos correos electrónicos como prueba.

"El magistrado propuso un monto (para alcanzar acuerdo). Nosotros estábamos dispuestos, pero la contraparte no quiso conciliar", complementó Grace Álvarez, otra abogada de la firma, quien dijo tener "plena convicción" y "herramientas jurídicas para desestimar la relación laboral entre Caval y el señor Bustos". "Pretendemos que sea debidamente remunerado"

 

SUMARIO INTERNO EN MUNICIPIO DE MACHALÍ

El alcalde de Machalí José Urrutia UDI confirmó a la prensa la información publicada por Ciper, señalando que una arquitecta le habría entregado datos al representante legal de quienes le vendieron los terrenos a la empresa de la nuera de Bachelet y que el ex director de Obras se comunicó con el socio de Caval, pero en 2013, cuando la propuesta de modificación al plan regulador era pública. Inician un sumario interno.

El edil entregó a la Fiscalía de O'Higgins, correos electrónicos del funcionario y de la ex funcionaria de la Dirección de Obras que según él, podrían demostrar que hubo una “filtración de información privilegiada” en el caso Caval.

El primer caso es el de la arquitecta Cynthia Ross Weisner, sobrina de Patricio Weisner, representante legal de los dueños de los predios que fueron vendidos a Caval. De acuerdo al alcalde, "estimamos que raíz del trabajo contratado debió haber entregado información sobre el mencionado estudio de capacidad vial cuya propuesta fue entregada al Concejo Municipal de Machalí con fecha 29 de octubre de 2012 y posteriormente, enviada a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y urbanismo para iniciar trámites de modificación al actual Plan Regulador de Rancagua. Cynthia Ross Weisner efectuaba estudios de mercado que beneficiarían a los potenciales vendedores y compradores de los predios mencionados".

El segundo caso es el del ex director de Obras y actual jefe de finanzas que el 2 de octubre de 2013 le envió un correo electrónico al socio de Caval, Mauricio Valero, "proporcionando información sobre la propuesta de modificación que beneficiaría a cualquier comprador de los predios Santa Cecilia y San Diego". En el mail hablaron de la densidad de de personas por hectáreas que se planeaba cambiar con el nuevo plan regulador. No obstante, el director de Secpla, Miguel Morales, dijo que esa información era pública desde el 29 de octubre de 2012, que los datos estaban en la página web y que cualquiera podía pedirlos.

 

QUERELLA POR ESTAFA

Cabe señalar que Hugo Silva el comprador de los terrenos se querelló contra Caval por estafa, asegurando que le hicieron el “cuento del tío” al supuestamente decirle que estaban comprometidos unos inversionistas mexicanos para adquirir los predios más caros, -tras el eventual cambio de uso de suelo-, los que acusa nunca existieron.

El 13 de marzo de 2015 el Juzgado de Garantía de Rancagua declaró admisible la querella presentada por Silva, el empresario dueño de Silca, acusa a los representantes legales de Caval de Caval, Mauricio Valero y Natalia Compagnon de estafa e inducción a la firma del contrato. La acción pretende dejar sin efecto el contrato por el cual Silca le compró a Caval los tres terrenos en Machalí, en $9.500 millones.

El Juzgado de Garantía decidió individualizar a las personas querelladas, es decir identificarlas con nombre y apellido en lugar de "contra quienes resulten responsables", como establecía el texto anterior, a raíz de la querella interpuesta por Renovación Nacional (RN) a funcionarios públicos.

La  Fiscalía ya inició las primeras diligencias y toma de declaraciones para investigar la posible participación de funcionarios públicos durante el negocio.

 

INCAUTAN COMPUTADORES DE LA MONEDA

En tanto, durante el mes de marzo de 2015, y en completo secreto, el OS9 de Carabineros, en conjunto con la fiscalía, realizó una diligencia en el Palacio de La Moneda. Según informó CNN Chile, durante trámite se incautaron el computador, el celular y los correos del hijo de la presidenta Sebastián Dávalos, los que estaban en las dependencias en donde trabajó. La información fue entregada voluntariamente por el personal del palacio.

 

LA OTRA "PASADA"

El 19 de marzo de 2015 revista Qué Pasa volvió a lanzar un golpe noticioso al revelar que la venta de los terrenos en Machalí era la primera parte de un negocio mayor. A los $ 2.500 millones obtenidos por la venta de los predios, esperaban sumar, como mínimo, otros $ 1.300 millones. La prueba de lo anterior es un contrato privado entre Hugo Silva, empresario que compró los terrenos en Machalí, y Mauricio Valero, el socio de Natalia Compagnon.

Se trata de un documento, firmado el mismo día que la promesa de compraventa, que le entrega a la Inmobiliaria e Inversiones FVM, de propiedad de Valero, la atribución exclusiva para que vuelva a vender a un tercero los mismos tres predios de la transacción, que Silva adquiriría por $ 9.500 millones.

Según consigna la revista Qué Pasa, la condición era que esto se concretara dentro de un año y por un monto no menor a $ 14.700 millones, precio esperado por el supuesto inminente cambio del plano regulador de la zona. De esa forma, ambas partes se repartirían las nuevas ganancias generadas.

En el contrato se acuerda para FVM un 26% sobre la utilidad de la nueva venta de los terrenos, por lo que en el peor de los casos Valero ganaría $1.400 millones en 2015, aparte de los cerca de $2.000 millones en que se estima la utilidad de Caval por la primera compraventa. Además, establece que durante ese plazo la empresa Silca de Silva se comprometía a “abstenerse” a realizar gestiones tendientes a la venta de los terrenos. De no concretarse esto durante un año, las partes quedaban liberadas de compromisos y obligaciones.

Si bien el contrato es firmado por Silva y Valero, posee una cláusula en la que Silca declara expresamente que “Inmobiliaria e Inversiones FVM S.A. sólo podrá ceder el presente contrato a otra sociedad representada y controlada por Mauricio Guillermo Valero Illanes”, quien solo tiene una sociedad más: Caval.

 

FORMALIZACIÓN

Durante la mañana del viernes 29 de enero se llevó a cabo la esperada formalización de cargos por el Caso Caval. 

Durante la jornada se decretó un año para investigar y se fijaron las siguientes medidas cautelares para los formalizados:

  • Natalia Compagnon: arraigo nacional, firma mensual y la prohibición de comunicarse con el resto de los imputados. Delito: declaraciones de impuestos falsas.
  • Mauricio Valero: arresto domiciliario total y arraigo nacional por un año. El 23 de marzo de 2016 el Tribunal considerando su nueva disposición a colaborar acogió la solicitud de la defensa, modificando su medida cautelar de arresto domiciliario total por arresto nocturno.
    Delitos: declaraciones de impuestos falsas y soborno.
  • Herman Chadwick Larraín: arresto domiciliario total y arraigo nacional por un año.
    Delitos: ventaja indebida del síndico (autor) y declaraciones de impuestos falsas.
  • Juan Díaz:  arresto domiciliario total, arraigo nacional  y prohibición de comunciarse con el resto de los imputados.
    Delitos: ventaja indebida del síndico (cómplice). facilitación de documentación tributaria falsa y soborno.
  • Cynthia Ross: arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a otros imputados.
    Delito: Cohecho.
  • Jorge Silva: arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a otros imputados.
    Delito: Cohecho.
     
  • Patricio Cordero: firma mensual y arraigo nacional.
    Delito: facilitación de documentación tributaria falsa.
  • Marisol Navarrete: firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a otros imputados. 
    Delito: Cohecho (cómplice)
  • Paulina Besserer: arraigo nacional
    Delito: facilitación de documentación tributaria falsa.
  • Daniel Huerta:  firma mensual.
    Delito:  ventaja indebida del síndico (encubridor) y prevaricación.
  • Pablo Ovalle:  firma mensual.
    Delito:  ventaja indebida del síndico (encubridor) y prevaricación.
  • Andrés Orchard: firma mensual.
    Delito:  ventaja indebida del síndico (cómplice)

 

VUELCO EN EL CASO

Mauricio Valero llegó hasta el Tribunal de Garantía de Rancagua el miércoles 23 de marzo de 2016 a prestar declaraciones. Según el socio de Compagnon, “la nuera de Michelle Bachelet lo sabía todo”, tal como lo planteó ante el fiscal que lidera la causa, Sergio Moya.
 
Sin embargo, el propio fiscal aclaró que Natalia Compagnon no ha desconocido las operaciones que realizaba su empresa.
 
“Natalia conocía todos los detalles de los movimientos con la sociedad de Gonzalo Vial”, insistió Valero, dando un nuevo giro a las investigaciones de la Fiscalía.
 
De hecho, en su declaración reveló información sobre existencia de transferencias bancarias que realizó su socia a distintas cuentas corrientes.
 
Además, apuntó a Ana Lya Uriarte, jefa de gabinete de la Presidenta, particularmente respecto de su participación en las asesorías que su empresa le pagó durante 2012, asegurando que hubo irregularidades al respecto.
 
Al final de la audiencia, y considerando su nueva disposición a colaborar, el tribunal acogió la solicitud de la defensa, modificando su medida cautelar de arresto domiciliario total por arresto nocturno.
 
Paralelamente, Victorino Arrepol, ex asesor de la empresa Caval, fue formalizado por presunto delito de usurpación de nombres y falsificación de sellos, quedando con medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, además de fijarse un plazo de seis meses  de investigación.
 
“Si pillan un correo falso, me crucifican. Más que engañado, me siento solo. Estuve calladito un año, tranquilo, asustado. Pero uno se aburre”, manifestó Arrepol a su llegada al tribunal de Rancagua, quien es investigado por suplantar la identidad del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.
 

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