Poderopedia

La Polar

Sociedad anónima chilena, administradora de la cadena de grandes tiendas La Polar, con presencia en Chile. En 2011 esta empresa comenzó a tener una serie de problemas producto de un aumento en el riesgo crediticio de la compañía. Ese año los problemas se acrecentarían, hasta estallar a comienzos del mes de junio, cuando el abogado Andrés Sepúlveda presentó un informe ante las autoridades regulatorias que acusaba la existencia de repactaciones masivas para efectos de abultar su cartera. El caso adquirió amplia difusión luego de que el Servicio Nacional del Consumidor presentó una demanda colectiva por el reclamo de cientos de clientes que acusaban repactaciones unilaterales. Esto obligó a la empresa a anunciar una reestructuración de su área crediticia el 9 de junio de 2011, lo cual generó el desplome de sus acciones transadas, cayendo su valor en más de un 42% durante la primera jornada. Pablo Alcalde, ex gerente y presidente del directorio presentó su renuncia a este cargo, siendo reemplazado por Heriberto Urzúa. En los días siguientes, Urzúa comenzó a preparar las acciones para reparar los problemas con los clientes repactados. Días después, Urzúa renunció dejando en el cargo a César Barros. El caso generó una crisis de enorme proporciones, ante lo cual la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) presentó una querella a 18 ex directivos y al ex auditor de la compañía por “infringir el deber de cuidado y diligencia”. Ante los requerimientos de la SVS, la compañía reconoció que el tamaño de las repactaciones unilaterales era mayor al anunciado inicialmente, llegando a las 418.826 personas en un plazo de seis años. En tanto, el 14 de diciembre de 2015 los ex ejecutivos, Pablo Alcalde, ex presidente del directorio y ex gerente general; Julián Moreno, ex gerente de productos financieros; y María Isabel Farah, ex gerenta de administración, finalmente aceptaron haber incurrido en delitos financieros de lavado de activos e infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley General de Bancos en este caso, accediendo así a un juicio abreviado, que reduciría en un año el proceso de juicio oral. Además de reconocer los delitos, los ex ejecutivos deberían pagar una multa de 20 UTM cada uno, además de $220 millones para Alcalde, y $228 millones Moreno y Farah respectivamente. Por su parte, Pablo Alcalde ofreció $150 millones extra para indemnizar a los clientes que fueron víctimas de las prácticas irregulares de la compañía.

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