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Corpesca

Es una de las empresas de pesca pelágica más importantes de Chile. Perteneciente al Grupo Angelini, opera en el norte de Chile y tiene un 51,5% de participación de mercado. Tuvo una activa participación en la defensa chilena ante el reclamo marítimo de Perú ante La Haya, entregando antecedentes que reafirmaban la soberanía nacional en la zona en conflicto. La razón: el tema involucraba el 20% de su pesca total. Además en mayo de 2013, la empresa fue denunciada por haber entregado al ex asesor de la diputada Marta Isasi, Georgio Carrillo, imputado por estafa, la suma de $25 millones en el marco de la votación de la Ley de Pesca. En tanto el 22 de abril de 2015 se supo sobre una querella admitida por Tribunales para que se investigue la denuncia sobre cohecho y soborno parlamentario, situación en la cual esta empresa habría entregado $500 millones (1 millón de dólares de la época) bajo la figura de “gastos reservados” a los senadores miembros de la Comisión especializada, que entre 2011 y 2012 aprobaron la Ley de Pesca: Fulvio Rossi, Antonio Horvath, Carlos Bianchi, Alejandro García Huidobro y Hosaín Sabag. La querella solicita a la justicia que sean llamados a declarar.

Empresa Privada
Corpesca S.A.
Pesca y acuicultura
96.893.820-7
Corpesca
CHILE
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Perfil

Es una de las empresas de pesca pelágica más importantes de Chile. Perteneciente al Grupo Angelini, opera en el norte de Chile y tiene un  51,5% de participación de mercado. En 2011 fue la tercera en el mundo en capturas industriales.

Se constituyó en 1999, a partir de la fusión de los activos pesqueros e industriales de tres empresas de la zona norte: Empresa Pesquera Eperva S.A., Pesquera Iquique-Guanaye S.A. y Sociedad Pesquera Coloso S.A (de la familia Lecaros Menéndez). Con esta reestructuración, Empresa Pesquera Eperva quedó como encargada de canalizar las inversiones pesqueras de la familia Angelini, y sus principales activos son la propiedad del 46,36% de Corpesca S.A. y el 9,9% que posee de Orizon S.A.

De esta forma, el grupo económico liderado por Roberto Angelini posee el 60% de las acciones de Orizon y el 77% de Corpesca. Por esta razón participa en el directorio de la primera y preside el de la segunda compañía; en ambos comparte mesa con Sergio Lecaros Menéndez.

El directorio de Corpesca, está compuestó además por Jorge Andueza Fouque (vicepresidente), actual gerente general de AntarChile; Claudio Elgueta Vera, gerente general de Eperva; Luis Felipe Gazitúa, históricamente ligado al Grupo Matte como vicepresidente de Colbún y de Cruzados S.A; José Tomás Guzmán Dumas, vicepresidente de AntarChile, segundo hombre del holding, es además presidente del directorio de Arauco S.A; Domingo Jiménez Olmo, gerente general de pesquera Coloso, es quien representa los intereses de la familia Lecaros Menéndez, socios de Corpesca; Eduardo Navarro Beltrán, general de Empresas Copec y Felipe Zaldívar Larraín (hermano del senador Andrés Zaldívar (DC) y del fallecido Adolfo Zaldívar), su hijo Felipe Zaldívar Prado es el gerente comercial.

 

POLÉMICAS POR  LA LEY DE PESCA

Corpesca, la mayor pesquera del Grupo Angelini, controla cerca de un 30% de la pesca industrial a nivel nacional, por esta razón es que los alcances de la polémica Ley de Pesca son tan importantes para este conglomerado.

Pero la explotación de los recursos marinos chilenos,  que representan parte importante del ingreso del PIB, no está concentrada solo por las empresas de los Angelini, sino que está en manos de seis familias más: Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Santa Cruz, quienes en los últimos años se aliaron en cuatro grandes conglomerados: Orizon (familias Angelini y Lecaros Menéndez) , Blumar (Sarquis y Yaconi-Santa Cruz) , Pesquera Camanchaca (Jan Stengel y Jorge Fernández)  y Marfood (familia Izquierdo y los noruegos Foodcorp), los que controlan el 76% de la capacidad extractiva, que según América Economía se concentran en merluza, jurel y sardina, y en  su conjunto superan los 3.000 millones de dólares en utilidades.

A renglón seguido la revista señala que estos holdings han dado forma al sector en los últimos 10 años, lapso en el cual se redujo el parque industrial de 76 empresas a 4 grandes grupos, los que actualmente son parte de poderosos conglomerados nacidos de fusiones.

Así lo confirma también el diputado DC Gabriel Ascencio en una columna publicada en The Clinic, afirmando que “antes del 2002 estas familias poseían por separado su propia  flota  pesquera, pero, principalmente a  partir de la repartición de  las  cuotas individuales de captura, ocurrida el año anterior, estas multimillonarias familias comenzaron a  fusionar sus empresas y a concentrar  sus riquezas y sus poderes  de captura”.

Según un artículo publicado por radio Universidad de Chile, lo anterior “fue gracias a Ley Corta de Pesca aprobada en 2002, que entregó un Límite Máximo de Captura por diez años y puso fin a la llamada ‘carrera olímpica’ del sector, en la que la primera empresa que llegaba se llevaba la cuota”.  Se agrega que la “norma con suspicacia se conoce también como la ‘Ley Zaldívar’, debido a los vínculos de los entonces senadores DC Andrés y Adolfo Zaldívar con el sector pesquero, donde poseían acciones y estaban relacionados comercialmente con el grupo Angelini y, sin embargo, no se inhabilitaron en la votación”.

En relación a esto, El Mercurio de Valparaíso informó que en 2002, Andrés Zaldívar tenía unas 600 mil acciones de los 300 millones de acciones de la compañía, las que vendió antes de votar la Ley de Pesca de ese año. Su hermano, el recientemente fallecido Adolfo Zaldívar, durante ese período ya no tenía acciones en Eperva. Sin embargo, casi toda la familia Zaldívar está vinculada mediante títulos a la pesquera de los Angelini: su hermano Felipe es presidente del directorio de Eperva (ver directorio), un cargo que Zaldívar ha definido como honorario, producto de que trabajó más de 40 años en la empresa. En tanto, su hijo, Felipe Zaldívar Prado, es gerente comercial de Corpesca.

Un capítulo aparte merece la compleja tramitación en el Congreso de la Ley de Pesca - llamada “Ley Larga de Pesca” o “Ley Longueira” en alusión al ministro que la patrocinó- que se inició el 14 de diciembre de 2011 y que reemplazó a la legislación anterior del 2002-  que caducó el 31 de diciembre de 2012 y que tuvo una vigencia de 10 años.

La discusión de la norma, que fue cuestionada por la ciudadanía, no estuvo exenta de polémica, ya que sus retractores aseguran que sólo beneficia a las siete familias más grandes de la industria pesquera, dejando de lado a los pescadores artesanales y los pueblos originarios.

Fue así como surgieron expresiones audiovisuales tales como “Rompe La Red”, “Algo Huele Mal”, “Salvar Nuestros Peces” (con la participación de figuras televisivas que refutan la ley) y “Yo Pesco”. Todas estas coincidían en que la principal desventaja de la nueva legislación era la acumulación de capital por parte de las familias involucradas.

Durante la tramitación de la ley se presentaron cerca de mil indicaciones al texto original del Ejecutivo,  y mientras duró su debate se levantaron protestas de pescadores artesanales y salieron a la palestra acusaciones de conflictos de interés de los parlamentarios: Andrés Zaldívar, Carlos Larraín y Jovino Novoa.

De acuerdo a lo publicado por TVN, el  13 de noviembre de 2012, la Comisión Mixta, formada por diputados y senadores, propuso que se llegara a un acuerdo con el Senado sobre los 10 puntos que habían sido rechazados por la Cámara Baja, los cuales finalmente fueron resueltos. Dentro de las modificaciones que efectuaron a la ley, se establece que cuando una pesquera alcance el 90% de su Rendimiento Máximo Sostenible habrá una licitación del 15% de la cuota de pesca industrial; y para evitar que se produzca una baja en los ingresos del Estado, producto a la disminución de captura de especies, se aumentó de 3,3% a 4,2% del valor comercial de las especies. Además, de la  aprobación por 20 años renovables de licencias transables de pesca.

Finalmente, tras un año de debate, el Senado aprobó el 19 de diciembre de 2012  las modificaciones presentadas por la Comisión Mixta por 23 a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, con lo que concluyó el trámite constitucional y  se ratificaron las modificaciones al proyecto de Ley de Pesca que entrará a regir este 2013.

La llamada “Ley Longueira” provocó una serie de declaraciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición, donde algunos criticaban abiertamente los vínculos de la DC con las empresas del grupo Angelini.

En medio de la discusión de la Ley de Pesca, Eduardo Bitrán, ex titular de la cartera de Obras Públicas, declaró a CNN Chile  que “el grupo Angelini  ha tenido (una) importante influencia en la DC. Históricamente han votado mal en materia de pesca”.

En la misma línea, el analista de la falange, Jorge Navarrete, también hizo ver el vínculo de los Angelini con la DC en una columna publicada por El Mostrador en septiembre de 2011: “la industria pesquera cuenta con importantes vínculos con la clase política en general, la Concertación en particular y, muy específicamente, con el Partido Demócrata Cristiano. En ausencia de una exigente ley sobre financiamiento de las campañas políticas y gastos electorales, las contribuciones económicas que la industria hizo en la última elección y cómo ellas podrían influir en el comportamiento de nuestros parlamentarios seguirán siendo un rumor y un motivo de sospecha”, expresó en ese momento.

En tanto, el ex ministro de Economía y actual candidato presidencial de la UDI, Pablo Longueiraad portas de la votación de la ley en el Senado, defendió “el aporte de la familia Angelini al desarrollo pesquero del país” durante la inauguración de la planta de Omega 3 del grupo Corpesca, en Arica, presidida por Roberto Angelini, asegurando  que la Ley de Pesca se impondrá independiente de las “consignas y mentiras” de “campañas millonarias”. Asimismo, según informó Radio Bío-Bío, el ministro defendió la labor que juegan los empresarios en el desarrollo del país.

Asimismo una vez aprobada la nueva Ley, el ministro Longueira, declaró a La Tercera: “Chile gana con la aprobación de la Nueva Ley de Pesca y Acuicultura (...) Es una Ley que da estabilidad en Chile a un sector que necesitaba profundos cambios para asegurar la fuente de trabajo de más de 120 mil familias", señaló.

 

PAGOS A PARLAMENTARIOS

En mayo de 2013, la empresa fue denunciada por haber entregado a la diputada por Iquique, Marta Isasi, la suma de $25 millones en el marco de la votación de la Ley de Pesca. Hecho que fue confirmado por el otrora gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, quien afirmó a CIPER que la empresa, cuyo presidente es Roberto Angelini, hace aportes a parlamentarios para sus campañas. Tras la denuncia, el 14 de mayo de 2013 la compañía, a través de un comunicado, dio a conocer la renuncia del ejecutivo.

Mujica había admitido a CIPER haber pagado al ex asesor de la diputada Marta Isasi, quien está  imputado por estafa,  Georgio Carrillo, por estudios sobre el sector pesquero. Según la investigación, esta es la primera vez que un asesor detalla en tribunales la fórmula que utilizaron algunos diputados para engrosar sus ingresos a través de la apropiación indebida de los pagos destinados a asesorías, lo que constituye fraude al Fisco.

 

QUERELLA POR COHECHO Y SOBORNO PARLAMENTARIO

En tanto de acuerdo a la información publicada el 21 de abril de 2015 por Ecoceanos, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogió a tramitación la querella presentada por pescadores y organizaciones ciudadanas para que se investigue la denuncia sobre cohecho y soborno parlamentario, situación en la cual Corpesca habría entregado 500 millones de pesos (1 millón de dólares de la época) a los senadores miembros de la Comisión especializada, que entre 2011 y 2012 aprobó la Ley de Pesca.

La acción legal surge luego de las denuncias del ex senador Nélson Ávila quién basado en “el cruce de datos institucionales”, afirmó que los senadores habrían recibido esa millonaria cantidad de dinero de Corpesca bajo el paragua de “gastos reservados”.

Los senadores de la comisión especializada durante el tiempo en que se legisló la Ley de Pesca fueron: Fulvio Rossi, Antonio Horvath, Carlos Bianchi, Alejandro García Huidobro y Hosaín Sabag. La querella solicita a la justicia que estos parlamentarios sean llamados a declarar.

 

SUPUESTO SOBORNO A JAIME ORPIS

En mayo de 2015 se dio a conocer que el senador UDI Jaime Orpis está siendo indagado por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente por posible cohecho, fue uno de los 23 senadores que dio su voto favor de la Ley Longueira. Pero no era la primera vez que el parlamentario movía los hilos favoreciendo a la industria: en 2007, de acuerdo a lo publicado por La Segunda, impulsó una moción que favorecía directamente a Corpesca, dueña del 82% de la cuota de captura de jurel entre las regiones de Arica y Antofagasta, que apuntaba a ampliar la captura del jurel en la zona norte. No fue aprobada, pero Orpis volvió a la carga en 2009, esta vez con las firmas del actual ministro de Defensa, José Antonio Gómez, y el entonces senador Carlos Cantero.

La tensión creció luego de que el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, señalara a Ciper que Corpesca no solo entregó dinero a Isasi, sino que a “muchos más” parlamentarios del norte. El ejecutivo reveló después, ante la PDI, la existencia de una suerte de “Frente del Norte” de parlamentarios.

El mecanismo consistía en respaldar la entrega de fondos con boletas de terceros: tres asesores del parlamentario que –según Mujica– jamás prestaron servicios a Corpesca. Además, se entregaban informes relativos al consumo de drogas y procesos de rehabilitación, debido a la vinculación de Orpis con la corporación de rehabilitación de drogas La Esperanza. Informes que en la práctica no tenían ninguna utilidad para la compañía.

La declaración de Mujica establece que el senador en persona se acercó a pedirle recursos a fines de 2008, primero para su corporación, luego para su campaña y más tarde para financiar las deudas que le quedaron.

 

LAS REFORMAS DE ORPIS QUE FAVORECÍAN A CORPESCA

Un artículo publicado por La Segunda el 26 de mayo de 2015 da cuenta cómo el senador Orpis propuso tres veces ampliar la extracción de jurel en el norte. Según su reseña biográfica publicada por el Congreso Nacional el senador “fomentó un proyecto de ley que elevó la cuota de pesca de jurel a 300.000 toneladas de este pescado”. Y es que Corpesca es dueña del 82% de la cuota de captura del jurel entre las regiones de Arica y Antofagasta.

La nota publicada por el vespertino señala:

Una dura pugna empresarial provocó en julio de 2007 una moción presentada por el senador UDI Jaime Orpis para ampliar la captura del jurel en la zona norte. El proyecto contó entonces con las firmas de los hoy ex senadores José Antonio Gómez (PR), Carlos Cantero (ex RN) y Fernando Flores (ex PPD), todos representantes del norte grande.

La iniciativa proponía rebajar la talla de captura del jurel de 26 cm a 21,5 cm, bajo el argumento de que se trataba de una especie distinta a la extraída en el sur. El hecho, sin embargo, fue rechazado por la asociación de industriales pesqueros del sur (Asipes) que acusó a Corpesca de estar detrás de esa iniciativa parlamentaria. “No cabe ninguna duda de que el proyecto de ley hace eco claramente de lo que señala el gerente de Corpesca”, dijo en 2007 Luis Felipe Moncada, representante de los industriales del sur.

Las críticas aludían a que Corpesca es dueña del 82% de la captura del jurel entre las regiones de Arica y Antofagasta. Y precisamente la pesquera ligada al grupo Angelini venía promoviendo públicamente la ampliación de la extracción de esa especie en el norte.

La iniciativa de Orpis tuvo corta vida en el Senado. Fue rechazada en diciembre de 2007. No obstante el senador insistió en solitario con el mismo proyecto el 2 de junio de 2009 y, días después, reingresó el texto con firmas de Gómez y Cantero.

En estas tres reformas presentadas por Orpis, la redacción es casi idéntica.

“Llama la atención que existiendo jurel en abundancia en la macro-zona norte, se haya fijado una cuota tan baja de extracción”, dice en los tres proyectos, lo que sintonizaba con lo que venía solicitando Corpesca. “Es motivo de preocupación el bajo y erróneo porcentaje asignado para la Zona Norte de la cuota global de jurel”, dice la memoria de la empresa en 2009.

Si bien las mociones favorecían los intereses de Corpesca, quienes adhirieron a la propuesta señalan que también beneficiaba a la pesca artesanal, por lo que los senadores del norte se sumaron a la idea.

Cercanos al ex senador Gómez, hoy ministro de Defensa, explican que él sólo adhirió por los pescadores artesanales.

En tanto, Cantero dijo que apoyó la moción por las mismas razones, aunque admitió que los gremios pesqueros son los más organizados. “Las presiones que más se hacen son las de la pesca”, dijo el ex RN.

Pese a que Orpis no tuvo suerte con sus proyectos, en 2011 el gobierno de Sebastián Piñera envió una reforma para regular la extracción con fines de investigación, que contenía un artículo transitorio que rebajaba la talla de captura del jurel en el norte a 22 cm.

En las sesiones de sala, Orpis insistió en que ese artículo se aprobara automáticamente, al no haber indicaciones. La posición del senador UDI prevaleció y la norma se convirtió en ley.

Según denuncian ONGs y un reportaje de Ciper, esta normativa —aprobada en 2011, en un mes— es usada como resquicio para extraer el jurel con fines de investigativos y para luego comercializarlo.

 

COLABORADORES DEL GOBIERNO EN DISPUTA CON PERÚ EN LA HAYA

Corpesca tuvo una activa participación en la defensa chilena ante el reclamo marítimo de Perú ante La Haya, entregando antecedentes que reafirmaban la soberanía nacional en la zona en conflicto. La razón: el tema involucraba el 20% de su pesca total, así lo informó La Tercera en noviembre de 2010.

“Genera preocupación la demanda arbitral que Perú presentó en el Tribunal de La Haya, con el propósito de modificar unilateralmente los límites marítimos históricos con Chile. Ciertamente afectaría la actividad pesquera, al ser el área de mar involucrada una zona de gran riqueza marina (especialmente de anchoveta y jurel)” escribió Roberto Angelini en la Memoria anual de Corpesca de 2009.

De prosperar la demanda peruana, "se nos puede reducir más de 20% la superficie de pesca, de todos los recursos", señaló al matutino, Claudio Elgueta, director de esta empresa que elabora alrededor del 25% del total capturado en el país, con una producción anual de 170 mil toneladas métricas de harina de pescado; es decir, un 5,5% de la oferta mundial exportable.

Por esta razón es que el Grupo Angelini se mostró tan dispuesto a colaborar con las autoridades chilenas en la disputa por los límites marítimos con Perú y es que el  triángulo en disputa representaba cerca de un 30% del negocio de Corpesca.

Durante el proceso bilateral, las empresas de Angelini aportaron documentación que prueba que el área en conflicto está bajo dominio chileno y no peruano. Para el grupo de empresas que produce más del 5,5% del total mundial exportable de harina de pescado, el conflicto limítrofe con Perú era una verdadera amenaza financiera.

 

CORPESCA TRAS FALLO DE LA HAYA

En tanto, la Corte Internacional de Justicia de La Haya entregó el lunes 27 de enero de 2014 el fallo de la controversia marítima entre Chile y Perú, a más de un año de que finalizaran los alegatos orales. La sentencia fue leída por el presidente del tribunal, Peter Tomka, a las 11.00 horas de Chile, es vinculante y no puede ser apelada por las partes.

El fallo entregado por el tribunal internacional respeta la postura chilena de una frontera marírtima en paralelo desde el Hito Uno, pero marca una diferencia en su extensión. La traza hasta 80 millas y luego define una línea equidistante hasta las 200 millas.

Mediante una declaración pública el gerente general de Corpesca, Arturo Natho, señaló que la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya se inscribe en un proceso que por su naturaleza es materia de Estado y corresponde, por tanto, al Estado de Chile el análisis del fallo y las medidas para implementarlo en el país, "directrices que la empresa cumplirá rigurosamente en sus operaciones pesqueras en la zona norte, comprometiendo desde ya toda su colaboración".

El ejecutivo de la pesquera indicó que "según lo ha manifestado el gobierno de Chile en el día de hoy (27 de febrero de 2014), con la sentencia se resta a nuestro país una superficie marítima de entre 20.000 a 22.000 km2 de su Zona Económica Exclusiva (ZEE), lo cual lamentamos profundamente y expresamos nuestra solidaridad con aquellos pescadores artesanales y otros actores del sector pesquero que vean afectada su normal actividad". 

En lo que respecta a Corpesca, precisa la declaración, "debemos manifestar que nuestros permisos de pesca también comprenden dicha superficie. Sin embargo, en los últimos años la casi totalidad de las capturas se han producido en la ZEE que conserva el país, situación que eventualmente se puede modificar en el futuro dado que se trata de especies migratorias".

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Fuentes de Corpesca
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