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Perfil

Consorcio Santa Marta es un conglomerado de empresas dedicadas al negocio de la basura y que, desde sus inicios en 1998, administra el relleno sanitario homónimo, ubicado en el predio rústico Santa Elena de Lonquén, en la zona rural sur poniente de Santiago. Está conformado por Hidrosan Inversiones, Hidrosan Ingeniería, Empresa Preparadora de Terrenos Empreterra, Inversiones Agua Santa INVASA e Inversiones y Servicios INSER.

El proyecto de instalación del vertedero Santa Marta fue presentado por primera vez en octubre de 1995, y la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) lo rechazó en abril de 1996. El segundo proyecto, que contenía algunas variaciones, se presentó en octubre de 1997, siendo rechazado por la Corema en octubre de 1998, en segunda instancia por un Comité Consultivo, en enero de 1999, y en forma unánime por el Consejo Directivo de Ministros, en abril de 1999. La última presentación fue publicada en el Diario Oficial el 14 de marzo de 2001.

Ese año, Edmundo Silva, presidente del Comité de Defensa del Medio Ambiente, declaró a El Mercurio que "lo inaudito de esto es que el proyecto es idéntico al anterior, y ya fue rechazado en todas las instancias. Ellos dicen que realizaron cambios, pero eso no es cierto porque la objeción principal es el emplazamiento y eso no ha cambiado. Este sector exporta más de US$100.000.000 anuales, y esto es como poner una bomba en el medio de un centro productivo chileno".

OBJECIONES

Las principales objeciones se referían al emplazamiento en pendiente del basural, que según estudios de Emos (ex compañía de aguas) podría contaminar las napas subterráneas que surten de agua potable a la población y que mantiene la agricultura de la zona. Además, existe el riesgo de que el terreno ceda ante un sismo, tapando todo el valle subterráneo. Silva indicó también que el proyecto no contempla reutilizar el gas que emita el vertedero, sino quemarlo con la consiguiente contaminación.

Fred Riveros, gerente técnico del consorcio, desestimó estas consideraciones y señaló: "La propuesta que presentamos tiene un diseño de ingeniería y de manejo de aguas, y estamos en condiciones de asegurar que no habrá contaminación de napas. En cuanto a las emisiones de gas, está calculado que éstas se mantendrán dentro de la norma exigida".

En 2002 se presentaron distintos argumentos para prohibir su funcionamiento. Al argumento sanitario se sumó un recurso de protección presentado por la Municipalidad de Talagante, que intentaba cerrarlo por no contar con patente municipal. Sin embargo, el 16 de septiembre de 2002 la Corte Suprema autorizó su funcionamiento argumentando que la municipalidad de Talagante no puede cerrar el vertedero de Santa Marta, ya que estaría violando la ley de Rentas Municipales, y en su decisión, el Tribunal ordenó al municipio acusar una patente al Consorcio Empresa Santa Marta S.A. y a suspender su funcionamiento, sólo en caso de que ésta entre en morocidad.

INCENDIO Y SANCIONES

En 2002, a menos de tres meses de su puesta en funcionamiento fue cuestionado porque inició su actividad antes de tener sus instalaciones terminadas y porque se encuentra emplazado en una zona eminentemente agrícola. En aquella época fue promocionado como uno de los más seguros de la Región Metropolitana, sin embargo, el sábado 16 enero de 2016 sufrió un derrumbe y, según la empresa, producto de las altas temperaturas, la tarde del lunes 18 se inició un incontrolable incendio que contaminó Santiago con una gigantesca nube tóxica. 

Según El Mostrador, este incendio no es la única mancha negra en el prontuario de esta empresa. Las sanciones que ha tenido el relleno sanitario Santa Marta se encuentran en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), donde la empresa ha ingresado un total de diez Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) entre 2001 y 2013. En tres de esas RCA hay procesos sancionatorios en distintos años y que suman, en total, 5.450 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

La RCA con más sanciones es la 433-2001, cuyo nombre es “Relleno Sanitario Santa Marta (tercera Presentación)”. Son 12 procesos sancionatorios, de los cuales nueve terminaron en multas: 100 y 500 UTM el 2002 (poco más de $17 millones), 400 UTM en 2003 (cerca de $11 millones), 400 y 200 UTM en 2004 (poco más de $17 millones), 400 UTM en 2006 (aproximadamente $12 millones), 400 UTM en 2005 (aproximadamente $12 millones), 500 UTM en 2009 ($18 millones) y 500 UTM en 2008 ($18 millones).

Otra resolución en la que Santa Marta ha sido sancionada es la 212-2001, “Estación de Transferencia Puerta Sur”. Ahí tiene dos sanciones, una por 300 UTM el 2004 (cerca de $8 millones) y otra por 500 UTM el 2010 ($18,5 millones).

La otra RCA con multas es la 417-2005 sobre el “Plan de Manejo Hídrico y Manejo de Suelos del área de Disposición del Efluente”, donde hay cuatro procesos sancionatorios. De estos, dos tienen sanción final: una de 500 UTM el 2008 ($18 millones) y otra de 250 UTM el 2010 (cerca de $8 millones). Finalmente, está la multa por 500 UTM el 2008 ($18 millones) que recibió la empresa por su RCA 509-2005 de “Manejo de Biogás del Relleno Sanitario Santa Marta”.

En total, son aproximadamente $175 millones pagados en multas. Las otras siete RCA presentadas entre el 2005 y 2013 no tienen procesos sancionatorios. A partir de la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente la facultad de fiscalizar recayó en este organismo, desde donde señalaron que, hasta antes del incendio que afectó al relleno sanitario, no hay sanciones.

SUS SOCIOS Y LA UDI

Guillermo Ruiz Pérez es uno de los socios de Santa Marta. Su empresa Hidrosán comparte la propiedad con Icafal, de Luis Ignacio Falcone y Sergio Icaza.

Hidrosán la formó Ruiz, ingeniero civil de la Universidad de Chile, con su profesor de Hidráulica Carlos Jarpa en 1976. La compañía era pequeña hasta que dio el salto en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cuando se aprobó la entrada al sector privado de las empresas sanitarias.

Ruiz, con su compañía Hidrosán a la que sumó nuevos socios, fue quien compró Aguas Chañar en la Región de Atacama. En adelante solo se ha expandido, abriendo negocios en el mismo rubro en países como Perú, Colombia y Panamá. También tiene participación en Aguas Patagonia.

Uno de esos socios, Juan Dieguez, fue multado en 2005 con $173 millones por la SVS. En 2001, siendo gerente de Essbio, la sanitaria de la Octava Región, aprobó contratos con Hidrosán por unos 2000 millones, sin dejar nunca de tener participación en ella.

A pesar de este traspié, Ruiz y sus negocios solamente han crecido. En 2007 se adjudicó la concesión de las termas de Chillán, que hoy es el hotel Nevados de Chillán, tras una larga disputa con el fundador José Luis Giner.

Aunque la mayor parte de sus negocios se incrementaron y se consolidaron en los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos, Guillermo Ruiz es cercano a la UDI. En 2014 se compró un yate en España para viajar haciendo la travesía de Cristóbal Colón. Uno de sus compañeros durante un mes de viaje fue el ex senador gremialista y ex ministro de Economía Pablo Longueira.

El también ex candidato presidencial fue su alumno en Ingeniería y era muy amigo de su hermano Marcelo Ruiz, parte del grupo fundador de la UDI y de los dueños en la Universidad San Sebastián, quien falleció cuando llevaba ayuda a las zonas afectadas por el terremoto a bordo de una avioneta. Longueira se incorporó a la junta directiva del plantel luego del accidente, para cuidar los intereses del padrino de uno de sus hijos.